Una vez más, el 21 de marzo, se produjo en Roma un desalojo masivo en el que cerca de 100 hombres y mujeres migrantes africanos fueron obligados a abandonar su refugio en Via Vannina, en la parte oriental de Roma.

Aunque las condiciones sanitarias del edificio eran deficientes, se había cedido durante dos años como refugio para migrantes. A pesar de ello, ni a los residentes ni a los grupos de apoyo recibieron ningún tipo de aviso sobre el desalojo, lo que constituye una violación de las normas del Ministerio del Interior.

Desalojo e identificación

La policía apareció por la mañana temprano y expulsó a la gente del edificio, llevándose a la mayoría de ellos a una oficina de inmigración para identificarlos.

Tan solo 20 niños, todos con permiso de residencia regular, no fueron llevados a comisaria y se les permitió entrar en el edificio para recuperar sus pertenencias personales.

Según los agentes, fue el propietario del edificio, que ya ha tomado posesión del mismo, quien solicitó el desalojo, y ha contratado un servicio privado de vigilancia para protegerlo.

Aún sin refugio

Sin embargo A Buon Diritto Onlus, Alterego-Fabbrica dei diritti, Be free, Intersos, Medici per i diritti umani (MEDU) y WILPF Italia han descubierto que el desalojo fue llevado a cabo únicamente por agentes de policía, sin la presencia de ningún trabajador de la Sala Operativa Sociale (SOS), un servicio público que desempeña un papel fundamental en estas situaciones.

SOS se fundó en 2002 con el objetivo de gestionar de manera más apropiada las emergencias sociales que ocurren en la ciudad mediante el uso de un enfoque individualizado que responda de manera efectiva a las necesidades de personas en dificultad.

No ha quedado claro si SOS había recibido aviso del desalojo; lo que sí se sabe es que solo ha asignado un refugio alternativo para algunas de las personas, a las que calificaron de encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad.

Al resto de las personas no se les ofreció refugio alternativo

Todo esto se llevó a cabo a pesar de la regulación interna del Ministerio del Interior, adoptada en septiembre de 2017 tras el traumático desalojo de Piazza Indipendenza, que obliga a las autoridades a tener un plan de albergue alternativo y asistencia social antes de proceder con un desalojo.

El desalojo de Piazza Indipendenza fue especialmente dramático. Más de un centenar de migrantes se opusieron al desalojo y se enfrentaron a la policía, arrojando piedras, botellas y latas. Hubo algunas detenciones y varias personas resultaron heridas.

Sin una propuesta de solución a largo plazo

Ya en junio de 2017, la policía había desalojado dos edificios cercanos, los números 74 y 78 de la misma Via Vannina, donde en conjunto vivían unos 300 migrantes. Mientras que al edificio del número 74 inmediatamente le pusieron vigilancia privada, el del 78 fue ocupado nuevamente hasta final de marzo, debido a la falta de opciones de vivienda alternativas para las personas desalojadas.

A pesar de que la operación parece haber ocurrido sin incidentes, el desalojo en sí y la falta de soluciones alternativas son el verdadero problema: la falta de planificación y de creación de una solución a largo plazo para estas situaciones de marginalidad social.

Mientras no exista un plan concreto para evitar estas situaciones, las personas se verán obligadas a ocupar edificios y a vivir con miedo a ser desalojadas.

La única manera de garantizar que se respeten la dignidad y los derechos humanos de todos es encontrar soluciones a largo plazo que resuelvan las necesidades de vivienda.