En los últimos años, Rights Internatinal Spain, miembro de Liberties, ha recurrido de forma regular ante distintos organismos de la ONU y de la Comisión Europea las graves amenazas para la independencia judicial y el derecho de acceso a la justicia, ambos pilares fundamentales del Estado de derecho.

Actualmente, la preocupación por la independencia judicial de España persiste hasta tal punto que cuatro asociaciones de jueces y tres asociaciones de fiscales acordaron un calendario de movilizaciones para este abril que desembocará en una huelga el día 22 de mayo, si las autoridades no presentan propuestas serias y significativas, entre otras cuestiones, para fortalecer la independencia judicial, modernizarlo, garatizando recursos materiales y humanos adecuados y suficientes, reformar el Consejo General del Poder Judicial y garantizar una política de nombramientos que s ebase en criterios de méritos, calificaciones, igualdad y transparencia.

Cambios constantes en las leyes

La Ley del Poder Judicial fue reformada nueve veces entre 2011 y 2015 mediante proyectos de ley presentados por el gobierno o el grupo parlamentario del partido gobernante en el Congreso y apoyados principalmente por este. En estos momentos, está en proceso de ser reformada, una vez más.

Aunque el alcance de la reforma se limitó inicialmente a introducir medidas que facilitaran la conciliación de la vida laboral y familiar de los jueces, el grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso, aprovechando su mayoría, ha introducido importantes modificaciones que implican una "reforma completa enmascarada" que afecta al funcionamiento del sistema judicial. Además, esto constituye una violación del proceso legislativo pues no cumple la obligación de solicitar informes obligatorios a varios órganos.

Falta de eficiencia y calidad

En 2017, las cuatro asociaciones judiciales presentaron una denuncia conjunta contra el Consejo General del Consejo del Poder Judicial por incumplir su obligación de fijar la carga de trabajo de los jueces. Las asociaciones responsabilizan a su órgano de gobierno de la sobrecarga de trabajo y de no regular los límites máximos. Además, una de las "14 propuestas básicas para mejorar la justicia" acordadas en 2017 por las asociaciones judiciales incluye "aumentar el número de jueces conforme con la media europea, solicitando 250 nuevos puestos cada año durante los próximos cuatro años".

El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia adoptaron en 2017 un Plan Urgente para crear 54 tribunales en las capitales de provincia que se ocuparan exclusivamente de los casos de "cláusula suelo" (cláusulas abusivas e injustas en los contratos de préstamo hipotecario) como respuesta a la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 and C‑308/15.

Esta decisión fue muy criticada y recibió mucha oposición tanto de los Colegios de Abogados como de los jueces. La creación de estos tribunales se calificó de "caótica" pues podría provocar la sobrecarga de los tribunales debido a la ausencia de recursos humanos y materiales adecuados y suficientes, y por lo tanto poner en peligro el derecho a una protección judicial efectiva.

Los tribunales españoles también han tenido que ocuparse de un gran número de casos de corrupción política. En 2017, celebraron 97 procedimientos por delitos de corrupción y dictaron 126 sentencias (78% de condenas) contra 411 personas. Estos casos son complejos y requieren medios y recursos para poder investigarlos de forma y a tiempo. De hecho, los fiscales y jueces han solicitado más recursos. Sin embargo, en algunos casos, la respuesta simplemente ha consistido en reasignar personal de otros tribunales, lo que tiene como consecuencia el aumento de la carga de trabajo de esos otros tribunales, que ya están sobrecargados de por sí, y por lo tanto repercute negativamente en la administración de justicia.

Por último, una reforma legal de 2015 redujo la disponibilidad de asesoramiento jurídico gratuito y dificultó el acceso de los ciudadanos a este servicio público fundamental, mientras los pagos a los abogados de oficio sufren largos retrasos (en algunos casos, incluso de más de seis meses) y los honorarios, que son muy bajos (la media por caso es de 135 euros), permanecen los mismos desde hace 20 años. Además, a pesar de que según la ley, el dinero recaudado de las tasas judiciales debería asignarse en parte a mejorar el servicio de oficio, desde que se aprobó la Ley de tasas judiciales en 2012, no ha sido el caso.

Interferencia con la independencia judicial

La independencia del poder judicial es fundamental en una sociedad democrática y crucial para que la gente pueda confiar en sus instituciones. El Informe Interino de Cumplimiento de GRECO sobre España, adoptado en diciembre de 2017, concluyó que ninguna de las recomendaciones del Informe de la Cuarta Ronda de Evaluación se había aplicado satisfactoriamente, incluida la reforma del marco jurídico del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, de acuerdo con la declaración de las cuatro asociaciones judiciales "no parece que exista una mayoría clara a favor de la reforma del Consejo de Administración del Poder Judicial".

GRECO también recomendó que se revisará los nombramientos de los altos cargos del poder judicial. Y una de las asociaciones judiciales emitió una declaración en la que denunciaba la indignante gestión de la política de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. La asociación acusó al Consejo General del Poder Judicial de hacer causa común con el gobierno y su partido para nombrar a los jueces de su elección a fin de controlar múltiples casos de corrupción, comprometiendo de esta forma la capacidad de los tribunales para desempeñar sus funciones. Este no fue un caso aislado, sino la tendencia durante la gestión del actual Consejo General del Poder Judicial.