El Consejo de Ministros aprobó la Ley de libertad de información (FOIA) en marzo, pero algunas de las cosas que han revelado del texto dan pie a pensar que la nueva ley de transparencia es incompleta.

Italia se encuentra entre las últimas democracias occidentales que ha seguido el ejemplo estadounidense de adoptar una ley de libertad de información. El texto se aprobó hace unos días por el Consejo de Ministros tras mucho debate. El primer borrador, de abril, fue considerado por organizaciones de la sociedad civil demasiado lleno de limitaciones.

El contenido del actual "Decreto de Transparencia" paradójicamente todavía no es público. Sin embargo, la escasa información disponible no es muy alentadora. Esta FOIA es evidentemente un paso importante para el derecho a la información, pero los grupos de la sociedad civil afirman que temen que el texto sea superficial.

¿Por qué una FOIA?

Italia necesita una ley de libertad de información que garantice el acceso libre, de cualquier ciudadano, a los documentos públicos y la información. Sabemos ya que el nuevo texto afirma que cualquier ciudadano puede presentar una solicitud al Estado sin ninguna justificación, y que los funcionarios públicos deben responder la solicitud. Cualquier denegación debe estar debidamente justificada.

Todas las solicitudes ciudadanos son por supuesto gratuitas y es posible recurrir una respuesta negativa. La FOIA hace un llamamiento a la creación de un observatorio que se ocupe de hacer seguimiento de la implementación de la ley.

Preocupaciones

Además de estas mejoras necesarias, existe cierta preocupación acerca de cómo se están planteando las excepciones a la FOIA. La Agenica Anticorrupción está encargada de definirlas con mayor precisión, pero las derogaciones ya son demasiado permisivas.

Se puede rechazar una solicitud si pone en peligro la protección de intereses económicos y comerciales, por ejemplo, o si supone un problema para la estabilidad financiera del Estado, o si entra en conflicto con las excepciones de libertad y confidencialidad.

Por ello, las organizaciones de la sociedad civil quieren participar en la definición de estas derogaciones con el fin de garantizar un verdadero derecho a la información para los ciudadanos. Además, el texto debe especificar las sanciones para los funcionarios que se niegan a responder una solicitud sin una justificación adecuada. De lo contrario, la FOIA no servirá de mucho.

Italia dio un paso adelante hacia una democracia más fuerte al reconocer y proteger el derecho a la información, pero el empeño de la sociedad civil, que impulsó la ley a través de la campaña #FOIA4Italy no se va a detener.

El primer ministro Matteo Renzi abordó el tema de una FOIA italiana en su discurso de investidura, por lo que los ciudadanos no van a conformarse con un cuasi-reconocimiento de su derecho a saber .