Los gobiernos se están centrando lógicamente en las estrategias de vacunación para proteger a la población de la COVID-19. En Europa, la mayoría de los países han indicado que la vacunación no será obligatoria. Pero políticos y empresas de algunos países, como Reino Unido, Francia y Suiza, han planteado la posibilidad de restringir el acceso a algunos lugares a las personas que no se hayan vacunado. Los gobiernos no deberían empezar a exigir un "pasaporte de inmunidad" para entrar en bares, cines o conciertos. De lo contrario, podrían crearse sociedades a dos niveles: los privilegiados vacunados, disfrutando de sus libertades y los no vacunados, excluidos de la vida social. Esto se debe a que la forma en que se distribuye la vacuna es probable que intensifique las desigualdades existentes en la sociedad, de tres maneras.

El acceso desigual a la vacunación

En primer lugar, independientemente del interés de los gobiernos en distribuir la vacuna, es probable que algunos grupos de la sociedad tarden más en recibirla. Las personas con niveles más bajos de educación y alfabetización mediática pueden ser más vulnerables a teorías malintencionadas de la conspiración y a la desinformación, lo que puede aumentar su escepticismo hacia la vacuna. Las personas que viven en zonas rurales y regiones más pobres con servicios de salud más lejanos o con menos recursos también pueden tener que esperar más tiempo que las que viven en zonas urbanas o más prósperas.

En segundo lugar, las autoridades nacionales pueden dificultar el acceso a la vacuna (o no facilitarlo) a ciertos grupos de la sociedad. Un ejemplo extremo fuera de la UE es Israel, que ha sido criticado por no facilitar el acceso a la vacuna a los palestinos que viven en los territorios ocupados. Aunque no parece que existan todavía políticas similares en la UE, las investigaciones muestran que las personas LGBTQI, romanís y migrantes sin papeles sufren discriminación en varios países de la UE a la hora de acceder a los servicios de salud en general. Ya sea porque viven lejos de los servicios de salud, porque carecen de seguro médico o de documentación para acceder a estos servicios, o por prejuicios del personal médico.

En tercer lugar, la corrupción y el favoritismo político han propiciado que algunos se salten la cola. Por ejemplo, en España se ha denunciado que algunas autoridades locales se han saltado el orden de distribución de la vacuna ofreciéndola a los familiares de cargos públicos y sacerdotes. De manera análoga, en Polonia algunos políticos y celebridades fueron vacunados durante una fase en la que solo el personal médico tenía derecho a ello.

El pasaporte de inmunidad podría convertirse en un "pasaporte para el privilegio", agudizando la división entre quienes ya gozan de una posición cómoda en la sociedad y quienes están al margen. Aunque las competencias de la UE en materia de política sanitaria son limitadas, hay al menos tres cosas que podría hacer para mitigar el riesgo de exacerbar la desigualdad.

Qué puede hacer la UE

En primer lugar, la Comisión puede contribuir a promover un acceso equitativo a la vacuna mediante: la obtención de dosis suficientes para que esté disponible para toda la población; la publicación de unas pautas para los gobiernos sobre cómo actuar para que la vacuna sea lo más accesible posible; y la inversión en campañas de sensibilización y educación para informar y animar a la población a que se vacune.

En segundo lugar, la Comisión podría emprender acciones judiciales contra los países que distribuyan la vacuna de forma discriminatoria. La legislación de la Unión Europea exige la no discriminación en el acceso y el suministro de bienes y servicios, incluidos los de salud. La Comisión podría llevar a un gobierno ante los tribunales si se demuestra que las autoridades están discriminando a determinados grupos debido a la forma en que distribuyen la vacuna. Asimismo, puede exigir a los gobiernos que demuestren que los proyectos de apoyo a los servicios sanitarios nacionales en el marco de los fondos de cohesión de la Unión Europea o los fondos de recuperación de la COVID-19 no se implementan de forma discriminatoria hacia determinados grupos. Por ejemplo, en caso de que un gobierno quiera emplear esos fondos para distribuir la vacuna en zonas donde la población forma parte de la mayoría étnica, excluyendo así otras zonas predominantemente pobladas por una minoría étnica.

En tercer lugar, la Comisión también podría emprender acciones judiciales si los gobiernos exigieran la vacunación como condición para viajar entre los países miembros. Aunque los gobiernos pueden limitar la libre circulación por motivos de salud pública, exigir un resultado negativo reciente en una prueba parece una forma menos intrusiva de cumplir el mismo objetivo.

Hay abundantes pruebas de que la pandemia ya ha afectado a algunos grupos étnicos y menos prósperos de la sociedad de manera desproporcionada en comparación con la media nacional. La Comisión de la UE puede ayudar a garantizar que el camino hacia la recuperación sea más equitativo.