En Europa occidental, las vacunas son mayormente de carácter voluntario salvo raras excepciones en el caso de enfermedades importantes. Sin embargo, en la República Checa hay nueve vacunas obligatorias, y es el único país, entre los países de su zona, que condiciona el acceso a la educación infantil a los requisitos de vacunación.

Padres y madres checos hicieron un llamamiento a sus diputados para que suavizaran el programa de vacunación y adoptaran un planteamiento que considerara cada caso de forma individual, pero esa propuesta de enmienda solo ha contado con el apoyo de la décima parte de los políticos.

"Las cuestiones planteadas por los padres y madres no se han escuchado, como si nuestro sistema funcionara perfectamente bien", explica Martina Suchankova, presidenta de la organización Padres y madres por la mejora de la información y la libre elección de vacunación. "Es evidente que el sistema actual no funciona y no tiene en cuenta la salud y las necesidades de los niños a nivel individual."

Responsabilidad

Los padres preocupados por esta cuestión han exigido al Estado que se responsabilice de los efectos adversos de las vacunas. "Resulta sorprendente que los miembros del Parlamento apoyen la obligatoriedad de las vacunas pero no exijan que el Estado asuma la responsabilidad por los daños que éstas causan a algunas niños", declara Suchankova.

Miembros de la Comisión de Salud, sostienen una y otra vez que adoptar esta enmienda reduciría las multas que reciben monitores de campamentos y escuelas infantiles que aceptan a niños que no tienen todas las vacunas. Suchankova explica que hay casos de niños con contraindicaciones médicas firmes hacia alguna vacuna y que se arriesgan a ser expulsados de la educación primaria porque los funcionarios de los colegios tiene miedo de que se les multe.

Desinterés político

El ministro de Sanidad ha asegurado a los parlamentarios que una nueva comisión, que incluirá a representantes públicos, examinará a fondo la cuestión, pero según la Liga Checa por los Derechos Humanos, pocos políticos parecen interesarse por un desarrollo posterior.

"Nuestras insistentes demandas al Ministerio de Sanidad para formar parte de la comisión todavía no han recibido respuesta", afirma la abogada de la Liga por los Derechos Humanos, Tereza Hruba.