La Fundación de Helsinki para los derechos humanos ha ganado el derecho a recibir información sobre la comunicación y cooperación entre la Agencia de seguridad interna (ABW de Polonia) y su homólogo estadounidense, la Agencia de seguridad nacional (NSA por sus siglas en inglés). El año pasado, HFHR se unieron a Amnistía Internacional Polonia y la Fundación Panopticon en la emisión de 100 preguntas a las autoridades sobre los vínculos entre la ABW y Prism, el programa de seguridad de la NSA y hecha pública por Edward Snowden, después de que los medios de comunicación comenzaron a publicar informes sobre la cooperación entre las dos organizaciones.
Las preguntas y solicitudes de información de HFHR no fueron contestadas, lo que provocó la demanda. La información solicitada es particularmente importante ahora, en medio de la creciente especulación que los programas de la NSA son más grandes y más cómplices con los socios europeos de lo que se pensó previamente. La demanda de HFHR también sirvió como un barómetro de la medida en la cual un país democrático es capaz de control sus propios servicios clandestinos.
En su fallo, el Tribunal Administrativo de Voivodato en Varsovia, dijo que la Constitución polaca garantiza a los ciudadanos el derecho a la información relativa a las acciones de las autoridades públicas, incluida la ABW. Por otra parte, el juez razonó que el intercambio de dicha información es esencial para la construcción de una sociedad civil fuerte y un sistema democrático más transparente y no pudo encontrar ningún interés de seguridad nacional que justifique la supresión de la información.
"El Tribunal señaló que la información sobre la existencia de acuerdos entre la Agencia de Seguridad Interna y la Agencia de Seguridad Nacional es información pública, por lo tanto, debe concederse a HFHR," dijo HFHR Vice Presidente el Dr. Adam Bodnar.
Mientras que el alcance total de la relación entre la ABW y la NSA es todavía confuso, este fallo representa un paso importante en traer transparencia al tema. También subraya el hecho de que servicios clandestinos ya no puede esconderse detrás de antiguos estatutos o argumentos de seguridad nacional al negarse a compartir información sobre sus actividades.
"Es la opinión del Tribunal, un ciudadano debe recibir una razón específica por la negativa y sobre esa base debe ser capaz de identificar la correlación entre la concesión de cierta información y daños a la seguridad nacional," dijo Katarzyna Wiśniewska, abogada de HFHR.