"La policía y otros servicios de un Estado democrático deben permanecer políticamente neutrales y actuar únicamente en base a la ley. Es inaceptable que los funcionarios públicos se pongan al servicio de fines políticos y que s ehaga un uso indebido de los créditos por operaciones. Cualquier denuncia de infracción debe ser investigada exhaustivamente y si las acusaciones se confirman, los infractores deben estar sujetos a responsabilidad legal y disciplinaria", reza la declaración de las juntas directivas de la Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) y el Comité Helsinki de Polonia. .

HFHR también ha enviado una carta abierta a la primera ministra Beata Szydło, expresando su indignación por las acciones llevadas a cabo contra miembros de la oposición y activistas.

Operación a gran escala

Según informes de la prensa, la vigilancia fue parte de una operación metódica y planificada, que, al contrario de lo que alegan las explicaciones oficiales, tuvo como objetivo recopilar información sobre determinadas personas y no proteger su seguridad.

Se emplearon una amplia gama de medidas operativas, incluido el uso de equipos de vigilancia a pie y en vehículo, con capacidad técnica para acceder a la red municipal de televigilancia y grabar audio y video.

Los equipos de vigilancia también utilizaron un sistema de reconocimiento facial conectado a bases de datos públicas. Además, el artículo describe el uso de escuchas telefónicas por parte de la policía sin aplicar ningún tipo de restricción, cuando se trata de una medida que solo puede aplicarse con una autorización judicial previa.

"Queremos insistir de nuevo en que las acciones arriba mencionadas constituyen una obstrucción profunda de los derechos y libertades de los individuos, como del derecho a la intimidad, la libertad de expresión o la libertad de reunión. El uso ilegal de medidas de vigilancia, en concreto contra activistas de la sociedad civil y miembros de la oposición es absolutamente inaceptable. Además, los relatos de prensa sobre la situación no dejan margen para creer que el uso de tales medidas fuera legítimo", dice la carta de HFHR.

"Efecto de autocensura"

HFHR instó a la policía a que diera una respuesta a estas noticias aparecidas en los medios de comunicación, incluyendo información detallada sobre el alcance y el propósito de las operaciones de vigilancia llevadas a cabo. Además, también pidió que se lleve a cabo una revisión judicial y administrativa exhaustiva de las medidas en cuestión.

HFHR emitió una primera declaración al respecto en julio de 2017, cuando salió a relucir por primera vez la información acerca de la observación de miembros y activistas de la oposición. Señalaba especialmente que la vigilancia no autorizada de estos grupos podría tener un "efecto de autocensura" en la realización de sus actividades públicas, lo que supone, la distorsión, por una parte, de los procesos políticos de un Estado democrático libre, y por otra, del desarrollo de la sociedad civil y de su capacidad para controlar a las autoridades.

Vigilancia de los manifestantes

Muchos medios de comunicación señalaron que durante las protestas del 21 de julio alrededor del Parlamento (por los cambios en la legislación sobre el Tribunal Supremo), la policía vigiló a un político de la oposición y a dos activistas de ONG. La policía ha ofrecido distintas explicaciones para la vigilancia de cada persona.

La policía admitió oficialmente que la vigilancia de W. Kinasiewicz y T. Jakrzewski, activistas del movimiento Ciudadanos de la República de Polonia, fue una respuesta a las declaraciones de los militantes acerca de que "sus acciones podrían resultar en una infracción del orden jurídico". En el caso del diputado R. Petru, el supuesto motivo de la vigilancia era proteger la seguridad personal del mismo. Sin embargo, la policía no informó si el parlamentario había sido informado o solicitado dicha "protección".