El Consejo Irlandés para las Libertades Civiles (ICCL, por sus siglas en inglés) acogió con gran satisfacción la introducción de los primeros servicios de salud reproductiva en Irlanda el 1 de enero de 2019. Junto con nuestros miembros y simpatizantes, hemos estado haciendo campaña en torno a este asunto desde nuestro nacimiento en 1976, y nos felicitamos de que por fin a las mujeres irlandesas se les haya franqueado, en su mayoría, el acceso a la salud reproductiva.

Quedan muchos obstáculos por superar

Sin embargo, todavía existen muchas barreras para acceder libremente al aborto libre. Al menos a una mujer se le ha negado el servicio de aborto, aun sufriendo un caso de anormalidad fetal fatal. El aborto después de 12 semanas solo es accesible en casos de riesgo grave para la salud de la mujer, si bien la nueva legislación no ofrece una definición de esa gravedad. Las mujeres que viven en zonas remotas se enfrentan a graves dificultades debido al período de carencia obligatorio de tres días, que hace necesarias al menos dos visitas al médico. Además, las mujeres pueden ser objeto de intimidación y acoso por parte de los manifestantes que se reúnen en el exterior de los centros médicos, lo que puede incomodarlas o disuadirlas de buscar la atención que necesitan.

El ICCL pide enmiendas para mejorar la ley

Después del abrumador e histórico "sí" obtenido en el referéndum de mayo de 2018, desde el ICCL abogamos por una serie de enmiendas a la legislación propuesta. Recomendamos, por ejemplo, que se eliminara el período de carencia obligatorio de tres días, ya que refuerza la idea patriarcal de que las mujeres son incapaces de tomar decisiones por sí mismas y es incompatible, además, con la normativa de la Organización Mundial de la Salud. También es probable que dicho periodo de carencia afecte gravemente a las mujeres que sufren abusos por parte de sus parejas, a las que viven en zonas remotas, a las que dependen de otras personas para su cuidado y a las que dependen de prestaciones sociales (en centros de acogida de solicitantes de asilo, por ejemplo).

También pedimos que se enmendaran ciertos condicionantes previstos por la ley, como el del "grave riesgo para la salud", así como la disposición que penaliza el aborto tras las 12 semanas. Creemos que el requisito de que los médicos deban certificar que un riesgo es "grave", junto con una sanción penal desmedida por abortos realizados fuera de los parámetros de la legislación, tiene efectos nocivos y merma la eficacia de la ley.

Si el gobierno no despenaliza el aborto tras la semana 12, podrían morir más mujeres

El ICCL prevé graves consecuencias si el gobierno no despenaliza el aborto y si son exclusivamente los profesionales de la medicina los que deben dar respuesta a la pregunta "cómo de grave es grave" como condición para proteger la salud de una mujer tras 12 semanas de embarazo. Esta circunstancia ha provocado la muerte de varias mujeres, como, por ejemplo, Savita Halappanavar.

Hacen falta zonas de exclusión para evitar que las mujeres sean intimidadas

Además, habida cuenta de las intimidaciones contra las mujeres que se producen durante las manifestaciones de antiabortistas frente a centros médicos de Galway y otras partes del país, el ICCL está pidiendo al ministro de Salud, Simon Harris, que promulgue de inmediato una legislación sobre zonas de exclusión* en torno a los centros que prestan servicios de salud reproductiva.

El ICCL otorga gran importancia al derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, este derecho no es absoluto ni permite intimidar, acosar o impedir que las mujeres accedan a los servicios sanitarios que necesitan, incluidos los de salud reproductiva. Estas protestas tienen como objetivo disuadir o intimidar a las mujeres para que no accedan a dichos servicios. El Gobierno irlandés está obligado por los tratados internacionales, así como por nuestra Constitución, a proteger el derecho a la intimidad. También está obligado a garantizar el acceso libre a la asistencia sanitaria y a asegurar que los profesionales sanitarios que trabajan en esta especialidad puedan hacer su trabajo en un entorno seguro.

En virtud de la legislación sobre derechos humanos, el derecho a la protesta solo puede ser vulnerado en circunstancias específicas, entre ellas la protección de los derechos y libertades de otros ciudadanos. La protección del derecho de acceso a la asistencia sanitaria y del derecho a la intimidad es un motivo legítimo para interferir con el derecho a la protesta, siempre que las medidas adoptadas estén previstas por ley y sean necesarias y proporcionadas.

El ICCL espera con interés la legislación sobre la protección de derechos individuales

Las disposiciones existentes en la legislación irlandesa para responder a los manifestantes que utilizan la intimidación y el acoso no proporcionan una protección adecuada a las personas que desean acceder a los servicios de aborto, porque se basan en el uso discrecional de las fuerzas de seguridad.

Cuando existen pruebas de un patrón organizado de interferencias con los derechos individuales, como el de acceso a asistencia sanitaria, pueden hacerse necesarias medidas generales para proteger a pacientes y personal sanitario. La creación de zonas de exclusión que prohíban comportamientos intimidatorios en los alrededores de los centros sanitarios ayudaría a defender el derecho de las personas a la intimidad y de acceso a la asistencia sanitaria. El ICCL espera con interés la promulgación de legislación al respecto, que estudiaremos cuidadosamente para asegurarnos de que las propuestas sirvan para equilibrar adecuadamente el ejercicio de los derechos.

*En otras jurisdicciones, el uso de zonas de exclusión se ha revelado una interferencia proporcionada y necesaria en el derecho a la protesta. Máiréad Enright, de Lawyers4Choice, ofrece un detallado análisis de la legalidad de las zonas de exclusión y de cómo podrían incorporarse a la legislación irlandesa aquí.