El Tribunal Municipal Civil de Zagreb emitió su sentencia el 30 de septiembre, tras constatar que la vigilancia ilegal supone una vulneración de los derechos personales y motivo por el cual los ciudadanos pueden reclamar daños.
La activista Sandra Benčić deberá recibir una indemnización de 20.000 kunas (2.700 euros).
La Agencia de Inteligencia y Seguridad (SOA) estuvo controlando de forma ilegal a Sandra Benčić del Centro de Estudios para la Paz (CMS) desde el 17 de noviembre de 2006 hasta el 2 de enero de 2007, tras haberse postulado para el Consejo de Gobierno para Desarrollo de la Sociedad Civil.
Controles ilegales
La sentencia de septiembre confirmó la decisión del Tribunal Constitucional que en mayo de 2014 determinó que los controles de seguridad se llevaron a cabo de manera ilegal y sin control judicial, pero no pudo identificar quién los llevó a cabo ni los datos que se recogieron. El jefe de la SOA en ese período fue Tomislav Karamarko.
El CMS señala que en este, como en otros casos, no es posible averiguar si la SOA estaba llevando a cabo vigilancia ilegal de los ciudadanos, ni iniciar acciones legales, sin el Consejo de Supervisión Civil de la Seguridad y las Agencias de Inteligencia.
Por lo tanto, el CMS también señala la importancia de establecer un control ciudadano efectivo de los servicios de seguridad con el objetivo de proporcionar mecanismos independientes adicionales para la protección de los ciudadanos.
Control ciudadano
La postura del Consejo de Supervisión Civil en el caso de Sandra Benčić fue crucial para establecer la vulneración de los derechos humanos. Resulta muy decepcionante que el control ciudadano todavía no esté legalmente constituido por el parlamento croata, y que los organismos están trabajando sin una supervisión civil efectiva, especialmente ahora que, bajo el paraguas de la seguridad contra el terrorismo, las autoridades violan muy rápidamente las fronteras de la seguridad.
Los ciudadanos deberían tener un control sistemático e independiente de los servicios de seguridad para evitar que se lleve a cabo vigilancia ilegal de los ciudadanos.
