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Hace diez años, el 12 de enero de 2005, el poder legislativo belga promulgó una ley "sobre los principios que rigen la administración de las prisiones y el estatus legal de las personas", más conocida como "Ley Dupont" (llamada así por el jurista que dirigió el comité que inició la ley).

Esta ley, anunciada desde 1996, llevó esperanza a las cárceles en general y a los reclusos en particular.

La filosofía que subyace a la ley es que los presos no dejan de ser ciudadanos y entidades legales por derecho propio. En esta línea, la ley recuerda varios principios fundamentales, como el hecho de que el castigo consiste solo en la privación de la libertad de movimiento (no se puede añadir otros elementos punitivos) o el hecho de que se debe hacer el máximo esfuerzo para prevenir los efectos adversos evitables de la detención.

Esta ley no solo significó el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales, sino también las medidas para poner en práctica esos derechos. Entre otras cosas, fijó y describió en detalle las condiciones de vida en la cárcel (trabajo, visitas, atención sanitaria...), reguló el control y las medidas de seguridad (registros, dietas estrictas a las que se somete a los presos...), ajustó el sistema disciplinario de los presos e introdujo un derecho a la queja a su favor.

¡Hartos! Diez años más tarde, casi la mitad de las cláusulas que se aprobaron en su momento, todavía no se han hecho efectivas. Algunas de ellas son, sin embargo, fundamentales, especialmente las que tienen que ver con el derecho a la queja o el programa de detención individual.

El 4 de octubre de 2013, el gobierno belga fue condenado también por el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas por perjuicios a un preso debido a la falta de implementación de la ley. Desde entonces, no se ha obtenido respuesta alguna.

Lo que celebramos hoy es, desgraciadamente y en primer lugar, la negligencia de nuestros políticos, que presumieron de haber solucionado el vacío legislativo que caracteriza la vida en las cárceles y no han tenido el valor de poner en marcha la reforma aprobada. Al aprobar la ley el 12 de enero de 2005 (tras un proceso de análisis profundo y alcanzando un consenso parlamentario amplio) el legislador reconoció la necesidad de un cambio en la vida carcelaria, pero diez años más tarde la implementación de este cambio sigue sin verse por ninguna parte.

Como recuerda el Tribunal Europeo "los derechos no pueden quedarse en la puerta de las prisiones". Sin embargo, en Bélgica, parece que ese es el caso en gran medida...

Firmado por: Trade Union Association of Magistrates, League of Human Rights, International Observatory of Prisons y Avocats.be