El Ayuntamiento de Madrid ha elaborado una hoja de ruta para evitar la privación de libertad de migrantes en situación administrativa irregular en el Centro de Internamiento de Extranjeros de esa ciudad.

El documento de trabajo en el que se recoge tal hoja de ruta, que lleva como título “Madrid y los Derechos Humanos: La responsabilidad de las ciudades frente a los CIES”, contiene las conclusiones de una mesa de trabajo en la que participaron varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil, incluida Rights International Spain (RIS).

'Cerrar el CIE de Madrid'

El Gobierno local se ha pronunciado en contra de la mera existencia de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), dado que la privación de libertad de una persona que no ha cometido ningún delito es discriminatoria y contraria al derecho a la libertad y seguridad personales.

Por ello, y dado que no tiene competencias en materia de política migratoria, ha pedido al Ministerio del Interior que cierre el CIE de Madrid, en consonancia con lo que han establecido varios organismos internacionales de derechos humanos.

Asimismo, se han establecido una serie de medidas para evitar la detención de migrantes. En primer lugar, desde el Ayuntamiento se emitirán informes sociales acerca de los migrantes en situación irregular que residan en Madrid y que se encuentren en proceso de deportación, con el fin de acreditar ante el Juez que, al tener una residencia estable en la ciudad de Madrid, su privación de libertad no es necesaria y evitar así el ingreso en el CIE.

En caso de no poderse acreditar tal arraigo, se ofrecerá también el alojamiento y alimentación en viviendas tuteladas por el Ayuntamiento para así otorgar a los jueces una alternativa a la privación de libertad, en consonancia con las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.

Una mano amiga

El Ayuntamiento se ha propuesto también crear mecanismos para, dentro de sus competencias, proteger los derechos de las personas internas en caso de no haber podido evitar su ingreso en el CIE. Para ello, se acordará con los responsables del centro la presencia de dos o tres trabajadores sociales contratados por el Ayuntamiento que asistirán y velarán por los derechos de las personas internas, les prestarán el apoyo necesario para apoyar su partida en caso de que vaya a materializarse su expulsión y publicarán informes periódicos sobre la situación del centro.

Finalmente, también se establecen una serie de medidas para los casos en los que, tras haber sido internada en el CIE, la persona migrante no es finalmente expulsada (lo cual ocurre en aproximadamente un 60% de las personas internas).

Así, el Ayuntamiento se ha comprometido a preparar los recursos sociales que precisen, según sus circunstancias y necesidades, las personas migrantes.

Desde RIS se ha valorado positivamente esta propuesta por que la prioridad es la erradicación de la detención de migrantes en situación administrativa irregular, lo que pasa por el establecimiento de alternativas como las que va a ofrecer el Ayuntamiento dentro del limitado ámbito de sus competencias en materia de política migratoria.