En 2015, numerosos Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU han exhortado al Gobierno español a retirar o revisar algunas reformas legislativas y a modificar sus prácticas para garantizar la conformidad con el derecho internacional y los estándares de derechos humanos. La Ley de Seguridad Ciudadana, las reformas del Código Penal, de la justicia universal o del aborto han sido las medidas más censuradas por los órganos internacionales.

La mordaza continua

El Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos y el CEDAW evaluaron los informes remitidos por España expresando sus preocupaciones. Los tres comités censuraron que se haya hecho tan poco para dar cumplimiento a las recomendaciones del pasado. También fueron tremendamente críticos con la falta de diligencia, seguimiento y aplicación de los dictámenes o decisiones dictadas en casos de comunicaciones individuales.

El Consejo de Derechos Humanos aprobó el Informe del Examen Periódico Universal (EPU) de España con considerables recomendaciones para nuestro país. Si bien el Estado español ha aceptado muchas de las recomendaciones, se ha negado a aceptar una serie de recomendaciones importantes, tales como la derogación del régimen de incomunicación, de las “leyes mordaza”, de la disposición que “legaliza” las devoluciones en caliente, o la aprobación de una Ley de Igualdad que incorpore los estándares internacionales de lucha contra la discriminación en todas sus formas.

Las fronteras

Tal y como recoge el informe anual de RIS, todos los mecanismos citados coincidieron en reprochar los ataques a las libertades de reunión, expresión e información; la falta de investigaciones efectivas y medidas de prevención de la tortura; el uso excesivo de la fuerza y la impunidad de la policía; el régimen de incomunicación y la falta de salvaguardias; las devoluciones en caliente; la ausencia de políticas adecuadas para abordar la discriminación étnica; la inexistente respuesta a los crímenes del pasado; y la falta de una formación adecuada y suficiente en materia de derechos humanos de los operadores de justicia.

El Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa visitó España preocupado por las devoluciones en caliente. Por otro lado, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa publicó un informe centrado en distintos elementos de la política de control migratorio español, como por ejemplo, el uso de la violencia por parte de los policías. En cuanto a la situación en la frontera sur, recordó a España su obligación de non-refoulement y de garantizar una investigación pronta y efectiva de los casos documentados de malos tratos por parte de agentes de la guardia civil.

Retroceso

El Comité DESC publicó un dictamen contra España por falta de acceso efectivo a los tribunales (debido a irregularidades en el proceso) para defender el derecho a la vivienda. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a nuestro país en dos ocasiones.

La mayor parte de condenas siguen siendo por violación de los artículos 3 (falta de investigación efectiva de torturas y malos tratos), 6 (juicio justo), 13 (ausencia de un recurso efectivo) y 8 (vida familiar). En un tercer caso, el Estado español reconoció haber vulnerado los derechos de la demandante, si bien llegó a un acuerdo con ella. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia importante en materia de derechos fundamentales en el que insiste sobre la falta de garantías procesales para los deudores hipotecarios.

En conclusión, en España no solo se ha recortado en derechos y libertades civiles, sino que se ha retrocedido en la capacidad de los tribunales para defenderlos, por lo que cada vez es más difícil obtener tutela efectiva de los tribunales.

Recordamos que la responsabilidad de proteger, respetar y cumplir los derechos humanos no sólo corresponde al Gobierno (poder ejecutivo), sino a todos los poderes del Estado (legislativo y judicial).