Toda vez que los Estados miembros no aprovecharon la oportunidad de actualizar sus leyes sobre la igualdad de oportunidades y de trato, los eurodiputados instan a la Comisión Europea a someter a discusión una nueva legislación "que proporcione los medios más eficaces de supervisión de su aplicación y cumplimiento en los Estados miembros."
La resolución fue aprobada por 344 votos contra 156, con 68 abstenciones.
"La igualdad de retribución para un mismo trabajo es un principio justo que debe ser valorado por todos los empleadores. No sucede así en la actualidad, de ahí que necesitemos una legislación mejor", dijo la ponente Anna Záborská (PPE-SK).
Los Estados miembros de la UE suelen se lentos en aplicar y hacer cumplir el principio de igualdad de remuneración, mientras que la brecha de género en salarios y pensiones se sitúa aún en un promedio del 16.4 por ciento y del 38.5 por ciento, respectivamente, en toda la UE, con diferencias significativas entre países, dice el texto.
Sólo en los Países Bajos y en Francia hay una transposición de la Directiva 2006 al derecho nacional que parece "suficientemente clara y correcta", según un informe de la Comisión de la UE. La brecha salarial de género es mayor en Estonia, Austria, Alemania, la República Checa y Eslovaquia, y menor en Polonia, Italia, Malta y Eslovenia.
Petición de sanciones
En vista de la falta de progreso en la eliminación de la brecha salarial de género, los eurodiputados proponen auditorías obligatorias para las grandes empresas que cotizan en las bolsas de valores y posibles sanciones en el ámbito de la UE en los casos de incumplimiento (tales como la exclusión de las empresas del presupuesto financiado por la UE para la adquisición pública de bienes y servicios o sanciones financieras para los empleadores que no respeten la igualdad salarial).
Por otra parte, la resolución pide:
- una clasificación y evaluación neutral de los empleos armonizada;
- criterios objetivos para la comparación de trabajos de "igual valor";
- la transparencia salarial (para revelar el sesgo contra las mujeres y la discriminación salarial);
- asistencia jurídica gratuita a las víctimas de discriminación;
- la prohibición de toda discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género o de cambio de sexo;
- la conciliación de la vida laboral y privada (prevención de despido improcedente durante el embarazo;
- medidas positivas que refuercen la participación de las mujeres en la toma de decisiones.