La mayoría de la sociedad está de acuerdo en que ayudar a personas en apuros es un deber moral. Si estamos en un tren y la persona sentada a nuestro lado sufre un derrame cerebral, probablemente haríamos todo lo posible por ayudarla. Los rescatadores marítimos hacen lo mismo. Y lo hacen de manera proactiva.

Al igual que los bomberos, reciben una llamada de auxilio e intervienen para salvar a las personas cuyas vidas corren peligro. Desgraciadamente, a diferencia de los bomberos, reciben ataques sistemáticos por su trabajo.

El Tribunal Supremo dictamina que la detención de Carola Rackete no está justificada

En junio de 2019, la capitana del buque de rescate Sea-Watch 3 y activista contra el cambio climático, Carola Rackete, fue detenida tras rescatar a 52 migrantes frente a la costa de Libia.

La tripulación del Sea-Watch 3 buscaba un puerto seguro para atracar, pero las autoridades italianas denegaron el permiso al barco para que entrara en el puerto.

Como las condiciones a bordo empeoraron, Rackete decidió finalmente entrar en aguas italianas sin permiso. En ese momento la detuvieron y fue puesta bajo investigación por ayudar a la inmigración ilegal.

Cuatro días después fue liberada. El juez justificó su decisión porque Rackete actuó para salvar vidas humanas.

El viernes pasado, el tribunal más importante de Italia confirmó que Rackete nunca debió haber sido detenida.

"¡Esta es una sentencia importante para todos los activistas del rescate marítimo!" Tuiteó Rackete. "Nadie debería ser procesado por ayudar a gente que lo necesita. La directiva de la UE sobre 'delitos de solidaridad' necesita una reforma".

La directiva de la UE necesita una reforma

La Directiva sobre facilitación a la que se refiere Rackete declara que cualquier persona que facilite la entrada o el tránsito ilegal está violando la ley (pincha aquí para acceder a la directiva).

El problema es que no distingue entre la asistencia humanitaria y el tráfico de personas. No descarta la imposición de sanciones a aquellos que actúan sin ánimo de lucro.

Liberties ha pedido a la Comisión Europea que adapte la directiva al Protocolo de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de migrantes, que establece claramente que la facilitación solo es un delito cuando se realiza a cambio de "un beneficio financiero u otro beneficio material".

Es decir, según la ONU para que se considere tráfico de personas es preciso que exista un elemento con fines de lucro. Por el contrario, la Directiva sobre facilitación es ambigua y está abierta a la interpretación.