La Comisión Europea quiere modernizar los derechos de autor, algo que es necesario, pues la regulación de la UE está muy desfasada: tiene la mitad de años que la propia World Wide Web y han sucedido muchas cosas en Internet desde que la UE abordó la cuestión por última vez. Sin embargo, la propuesta presentada por la Comisión pone en peligro la libertad de expresión. Liberties pide a la Comisión que retire el artículo 13 de su propuesta de Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital, a fin de evitar las graves amenazas a nuestros derechos humanos.
Hasta la fecha, la responsabilidad de las empresas de Internet por el contenido de los usuarios está regulada por la Directiva sobre comercio electrónico. De acuerdo con esta, no son responsables de los datos que transmiten si no tienen conocimiento sobre las infracciones de derechos de autor. No tienen que supervisar el contenido de los usuarios. Solo son responsables si el titular de los derechos de autor les notifica la infracción y no actúan en consecuencia. Muchas empresas, especialmente de la industria de la música, aborrecen este sistema porque tienen que perseguir el contenido que infringe los derechos de autor y lograr que sea eliminado requiere esfuerzo, tiempo y otros recursos importantes, que estiman podrían invertir mejor. Se sienten desprotegidos y vulnerables. Consideran que plataformas como Youtube, Instagram o Tumblr son quienes deberían asumir una mayor carga económica, pues parte de sus ingresos, sin duda, se generan gracias al contenido que suben sus usuarios y que infringe los derechos de autor.
El artículo 13 de la directiva propuesta sustituiría al actual sistema de responsabilidad limitada por la necesidad de aplicar en la práctica sistemas automatizados de filtrado de contenidos que impidan que el material protegido por derechos de autor pueda subirse a internet. Requeriría que todas las empresas de internet supervisen todo el contenido que sus usuarios intentan subir a las plataformas.
Es importante subrayar que el artículo en cuestión se aplicaría a todos los proveedores de servicios de Internet, y se les requeriría que supervisaran cualquier tipo de contenido subido por el usuario. Si el Artículo 13 se aprueba, no solo las plataformas de videos (como Youtube), sino también las de redes sociales (como Facebook o Twitter), las de blogs (Blogger o Wordpress), las de intercambio de imágenes (como Instagram, Flickr) y, básicamente, cualquier tipo de plataforma de Internet a las que se pueda subir contenido, tendrá que monitorear constantemente la actividad de sus usuarios.
Es altamente improbable que los proveedores de servicios de internet utilicen las tecnologías de filtrado para tratar adecuadamente el contenido que se sube con todas las posibles matices que pueda tener este, por ejemplo, la parodia o una cita. Simplemente evitará que se pueda subir cualquier material que tenga la menor posibilidad de infringir derechos de autor. Si los proveedores de servicios están obligados a aplicar mecanismos de filtrado para evitar su responsabilidad, casi seguro aplicarán algo excesivamente restrictivo en lugar de arriesgarse a una multa.
Esto es extremadamente problemático.
Imagina que quieres subir un video a Facebook sobre una protesta que está teniendo lugar para convencer a tus amigos de que se unan. Pero se escucha de fondo una canción que suena en la calle y que tiene derechos de autor (a la gente le gusta poner canciones en las manifestaciones para animar la marcha por sus derechos). Si el artículo 13 entra en vigor, es muy probable que ese video no se pueda subir.
O imagínate que quieres expresar tu opinión sobre los líderes políticos de tu país, mostrando cómo se parecen sus gestos a algunos personajes malvados de películas conocidas. Haces un video corto que muestra esas escenas de películas intercaladas con recortes de noticias y lo subes a tu blog. Si el artículo 13 entra en vigor, es muy probable que no puedas hacerlo.
Aunque el artículo 13 obliga a los Estados miembros a establecer mecanismos para recurrir y rectificar estos casos, no serán de gran ayuda. La mayoría de los proveedores eliminarán o bloquearán el contenido sobre la base de sus condiciones de servicio y no sobre la ley, con el fin de evitar cargas jurídicas y burocráticas. El objetivo de las empresas es maximizar sus beneficios no buscar el mejor equilibrio entre los derechos de autor y la libertad de expresión.
El Artículo 13 ha generado un amplio abanico de preocupación. Muchos consideran que no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que reduce la diversidad en el ecosistema de Internet. También genera una grave incertidumbre jurídica. Intelectuales y académicos de renombre han expresado su preocupación por el proyecto legislativo. Se han enviado cartas abiertas a diversas instituciones europeas. Los Estados miembros han expresado su preocupación por la legalidad de la propuesta.
Liberties ha iniciado una campaña para instar a los diputados al Parlamento Europeo a que consideren la perspectiva de derechos humanos en el proyecto de directiva y supriman el artículo 13. Una segunda fase de esta campaña pedirá a los ciudadanos europeos que envíen cartas directamente a los eurodiputados con el mismo propósito. Si quieres saber más sobre esta próxima fase de la campaña, suscríbete a nuestro boletín.
