En diciembre pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a Rusia por el "queso suizo" judicial en su legislación sobre la vigilancia secreta y la intervención de las comunicaciones de los individuos. Un editor de Rusia obtuvo una indemnización de 40.000 €.

En una era en la que los gobiernos están dispuestos a conceder a los servicios de inteligencia mayores poderes para luchar contra todo tipo de amenazas contra la seguridad nacional, resulta esencial estar constantemente al corriente de las vulneraciones graves de los derechos fundamentales de los ciudadanos que puedan tener como consecuencia.

Resulta esencial que dicha infracción sea limitada al máximo y que cada individuo, en su vida privada, esté protegido contra las interferencias al azar por parte de las autoridades.

Zakharov vs. Rusia

El caso atañe al sistema de interceptación secreta de las comunicaciones por telefonía móvil en Rusia. Roman Zakharov es editor jefe de una editorial y está suscrito a los servicios de varios proveedores de redes de comunicación móvil.

En diciembre de 2003, Zakharov inició un procedimiento judicial contra tres proveedores de redes de comunicación móvil. Denunció ante un tribunal de San Petersburgo una violación de sus derechos en las comunicaciones telefónicas confidenciales.

Zakharov señaló que, bajo la legislación rusa, en concreto según la Orden ministerial núm. 70, los proveedores de redes de telecomunicación móvil están obligados a instalar un equipo que permita a los servicios de seguridad capacitados la realización de actividades de búsqueda operativas.

Sostuvo también que los proveedores de redes de comunicación móvil permitieron el acceso ilimitado a los servicios de inteligencia sin autorización judicial previa.

Zakharov exigió que el tribunal emitiera una orden para retirar el equipo -que fue instalado apoyándose en la Orden ministerial núm. 70- y para asegurar que el acceso a las telecomunicaciones móviles se concediera solo a las personas autorizadas.

En diciembre de 2005, el tribunal de primera instancia de San Petersburgo rechazó la demanda de Zakharov. Esta decisión siguió siendo válida después de que el Tribunal Superior de San Petersburgo confirmara el fallo en abril de 2006.

Bajo la ley rusa, los proveedores de telefonía móvil están obligados a instalar equipos de vigilancia en sus productos. (Alex Naanou - Flickr / Contenido CC)

El 20 de octubre de 2006, Zakharov presentó una denuncia ante el TEDH, afirmando que el sistema de interceptación secreta de las comunicaciones de telefonía móvil en Rusia violaba su derecho a la vida privada, protegida por el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El 11 de marzo de 2014, la Sala Primera del Tribunal, a la que fue asignado el caso, se lo pasó a la Gran Sala.

Amparo legal

En su decisión, la Gran sala del TEDH sostuvo en primer lugar que el demandante tenía derecho a denunciar que había sido víctima de una violación de la Convención Europea, a pesar de que no pudiera demostrar que había sido objeto de una medida concreta de vigilancia.

Dado el carácter secreto de las medidas de vigilancia, así como su amplio alcance (que afecta a todos los usuarios de comunicaciones de telefonía móvil) y la falta de medios efectivos para hacerles frente en el plano nacional, el Tribunal consideró que el autor no tenía por qué demostrar que sus comunicaciones telefónicas corrían el peligro de ser intervenidas.

Toda vez que el sistema nacional no ofrecía ningún amparo legal efectivo para las personas que sospechan que están siendo sometidas a vigilancia secreta, la legislación impugnada constituiría en sí misma una interferencia con el derecho del demandante protegido en virtud del Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

No estaba en litigio entre las partes el hecho de que la interceptación de las comunicaciones de telefonía móvil tuviera un fundamento en la legislación rusa, a saber: la Ley de Actividad de búsqueda operativa el Código Penal, la Ley de Comunicaciones y las órdenes incluidas en la Orden ministerial núm. 70.

El TEDH concluyó que la legislación rusa era incapaz de limitar la interceptación de las comunicaciones a lo que es "necesario en una sociedad democrática".

Tampoco estaba en cuestión que la interceptación de comunicaciones telefónicas persiga objetivos legítimos, sobre todo la protección de la seguridad nacional y la seguridad pública, la prevención del delito y la protección del bienestar económico del país.

Requisito de necesidad

El TEDH sostuvo que, en el contexto de la interceptación de las comunicaciones, la exigencia de un marco legal significa que debe haber una base jurídica nacional para cumplir con los requisitos del Estado de derecho.

Así, pues, la ley debe cumplir con los estándares de calidad. El tribunal consideró que, en caso de un conflicto entre la legislación que permite la vigilancia secreta, la base jurídica de la vulneración está estrechamente relacionada con la cuestión de si la medida es necesaria en una sociedad democrática.

Por este motivo, el tribunal estudió al mismo tiempo la exigencia de una base legal y los criterios de necesidad. El requisito de la calidad de la ley no solo implica que la legislación del país debe ser accesible y previsible en su aplicación, sino que las medidas de vigilancia secreta solo deben aplicarse cuando sea necesario en una sociedad democrática, ofreciendo, por encima de todo, amparo y garantías adecuadas y efectivas contra el abuso.

Amparo contra el abuso

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el marco jurídico de Rusia relativo a la interceptación de las comunicaciones telefónicas no ofrece garantías adecuadas o eficaces contra los abusos.

En concreto, el tribunal encontró deficiencias en las siguientes áreas:

• las circunstancias en las que las autoridades públicas están facultadas para recurrir a medidas de vigilancia secreta;
• la duración de las medidas de vigilancia secreta;
• los procedimientos para la destrucción y el almacenamiento de datos interceptados;
• los procedimientos de autorización de la interceptación;
• la supervisión de la interceptación y la notificación de la intervención;
• la efectividad de los recursos de amparo disponibles.

El tribunal llegó a la conclusión de que la legislación rusa no cumplía con la "calidad de las leyes" exigida, y no tiene la capacidad de mantener la intercepción de las comunicaciones que es "necesaria en una sociedad democrática". En este sentido, habría tenido lugar una vulneración del Artículo 8 del Convenio

Lea la decisión y el comunicado de prensa del TEDH.