El gobierno húngaro tiene 60 días para dar respuesta a las cuestiones que la Comisión Europea ha planteado en relación con la llamada ley de ONG húngara. Este proyecto de ley, al que el gobierno de Orbán se refiere como "ley Stop Soros", criminaliza a personas y organizaciones que respaldan a los solicitantes de asilo y residencia. Además, se restringe el derecho a solicitar asilo.

El jueves, la Comisión decidió dar un paso más en el expediente de infracción iniciado en julio de 2018 con el envío de una notificación formal. Tras estudiar las detalladas respuestas del Gobierno húngaro a preguntas anteriores sobre la ley y sus modificaciones, la Comisión sigue considerando que están por aclarar la mayoría de cuestiones que suscitan inquietud.

Tres asuntos clave para la Comisión Europea

A la Comisión le preocupa particularmente la forma en que la nueva ley húngara penaliza a las ONG que respaldan las solicitudes de asilo y ayudan a los solicitantes a ponerse en contacto con las autoridades pertinentes. Los abogados sostienen que la ley de ONG incumple dos directivas europeas, una sobre procedimientos de asilo y otra sobre condiciones de acogida.

En segundo lugar, a Bruselas le inquieta el hecho de que la ley restrinja la libre circulación de las personas. Las penas previstas van desde el confinamiento temporal hasta un año de prisión y la expulsión del país para, por ejemplo, ciudadanos de la UE que trabajen en ONG de ayuda humanitaria, ya sea como cooperantes o como abogados, o para los parientes de quienes intentan entrar en las zonas de tránsito de Hungría. Como ha dejado claro la Comisión, esta ley viola derechos de los solicitantes de asilo consagrados en la legislación europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

En tercer lugar, la introducción de nuevos requisitos para aceptar solicitudes de asilo por parte del Gobierno húngaro restringe el derecho de asilo, violando la Directiva al respecto. La legislación de la UE permite a un Estado miembro denegar la entrada cuando existe un "tercer país seguro" o un "primer país de asilo", pero el Gobierno húngaro va más allá, pues la enmienda constitucional restringe el derecho de asilo de manera incompatible tanto con la Directiva sobre los requisitos de asilo como con la Carta de los Derechos Fundamentales.

¿Y ahora qué?

En consecuencia, la Comisión ha decidido enviar un dictamen razonado a Hungría, segundo paso del expediente de infracción por incumplimiento de la legislación europea. Las autoridades húngaras disponen ahora de dos meses para responder a la Comisión. De lo contrario, esta remitirá el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Paralelamente, existe un segundo expediente de infracción en relación con el incumplimiento por parte de Hungría de la legislación de la UE referente al asilo. La Comisión remitió al gobierno húngaro al Tribunal en julio de 2018 porque su proyecto de ley de aplicación en zonas de tránsito incumple la legislación europea en materia de asilo y retorno.