Máté Kocsis hizo lo que pudo para acabar con el programa de intercambio de agujas operado por la organización Blue Point. Finalmente lo logró, apenas unas semanas antes de la publicación de un informe de la Oficina del Comisionado para los Derechos Fundamentales (la Oficina del Defensor del Pueblo), crítico con el cierre del programa y que señala sus beneficios para la sanidad pública.

Un buen informe, pero tardío

El informe señaló que, como la única manera rentables para prevenir enfermedades entre usuarios de drogas, el intercambio de agujas y jeringas constituye parte integral no sólo de la estrategia oficial en materia de narcóticos de la UE, sino también de la estrategia nacional antidroga del Estado húngaro. Obviamente, la propagación de alguna enfermedad grave – hepatitis C o VIH – no afectaría únicamente a usuarios de drogas sino que pondría en peligro el resto de la sociedad por igual. Por lo tanto, el informe señala que la supresión de los programas de intercambio de agujas viola el derecho a un ambiente sano, no sólo en el caso de los usuarios de drogas, sino de todos nosotros. La reciente campaña contra el defensor del pueblo dirigida por medios de comunicación afines al Gobierno comprende un intento de desviar la atención pública de esta realidad.

El informe, que contiene los resultados de una investigación iniciada tras una solicitud de la Unión de Libertades Civiles Húngara (HCLU por sus siglas en inglés) el pasado noviembre, fue recibido por la organización dos días antes de su publicación, según las normas del proceso. Esto genera en mí sentimientos encontrados. Por un lado, acojo con satisfacción el hecho de que, después de considerar todas las circunstancias, el defensor del pueblo ha alcanzado básicamente las mismas conclusiones y recomendaciones y propuestas para dirigentes que HCLU en relación a la necesidad de apoyar programas de reducción de riesgo. Por otro lado, fue una decepción que el informe haya sido publicado tan tarde, varias semanas después del cierre del programa de intercambio de agujas de Blue Point. De hecho, informé a la Oficina del Defensor del Pueblo, ya en el primer semestre del año, sobre nuevos desarrollos en el tema y el deterioro de la situación, que podrían conducir a la clausura del programa de intercambio de agujas. El informe habría sido mucho más relevante en ese momento de lo que es hoy.

Falsas acusaciones

Lo que no esperaba era que se me acusaría de lograr que el informe sea publicado en plena campaña electoral local, al tener la Oficina del Defensor del Pueblo bajo mi yugo. Un periódico que funciona como micrófono del Gobierno explícitamente alegó que HCLU controlaba la Oficina del Defensor del Pueblo. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Puede que la correspondencia que HCLU mantuvo con aquella Oficina la pasada primavera haya sido filtrado o, peor aún, fue obtenida a través del Servicio Secreto. Fui acusado de tener relaciones ilícitas y confidenciales con los representantes de la Oficina, permitiéndome familiarizarme con el contenido del informe antes de su publicación. Incluso se asumió que el informe ya estaba preparado en mayo, y su publicación en septiembre en realidad fue motivado por razones políticas relacionadas a las próximas elecciones locales. Se alega que HCLU recibió información de antemano acerca de la fecha de publicación.

Estas afirmaciones son falsas. Lo único que revela el intercambio de comunicaciones es que el representante de la Oficina del Defensor del Pueblo recibió información sobre las novedades relacionadas con la presentación hecha por HCLU y que HCLU intentó indagar sobre la publicación oportuna del informe. El tono familiar de la carta de HCLU no es inusual en los círculos profesionales y de ninguna manera sugiere que HCLU está en una posición de ostentar control sobre la Oficina del Defensor del Pueblo. La Defensoría respondió en primavera diciendo que sólo tenían listo un borrador del informe, y la versión final no se emitiría antes de finales de junio. HCLU de hecho no accedió al borrador del informe antes de septiembre.

El hecho de que Máté Kocsis, alcalde del distrito VIII de Budapest, celebrará una rueda de prensa el mismo día que se publicara un artículo acusativo en un periódico, y que un tema clave de la rueda de prensa fue la acusación de que "el lobby de drogas se ha instalado en la Oficina del Defensor del Pueblo", pone el asunto en perspectiva: HCLU aparentemente se ha convertido en compinche de una campaña de desprestigio organizada, con la Oficina del Defensor del Pueblo como su objetivo real, por atreverse a enfrentarse a un apoderado del Régimen gobernante.

El fantasma de una conspiración secreta

Lamentablemente, HCLU fue desafiada precisamente porque estaba haciendo un buen trabajo, cumpliendo con la normativa legal. De hecho, la sección 2. § (5) del acto CXI de 2011 requiere que el defensor del pueblo coopere con organizaciones de defensa legal. Las denuncias y solicitudes por parte de estas organizaciones constituyen un apoyo fundamental, permitiendo que el defensor del pueblo lleve a cabo sus obligaciones legales. Esto no va en contra del requisito que la Defensoría debe formar su opinión independiente, la cual puede diferir, o bién, coincidir, con la posición asumida por los organismos de defensa legal. En un país europeo, es natural que una organización comience una intercambio tras una solicitud para mantener informado al recipiente sobre desarrollos, o, incluso, que negocie la fecha de publicación de un documento importante para aumentar la eficiencia de la Oficina en sus "actividades de sensibilizar e informar", como prescribe la ley.

Solo en un país ahogado por la paranoia política puede darse el caso que el diálogo y la cooperación entre el Comisionado para Derechos Fundamentales y ONGs de derechos humanos conjure el fantasma de una conspiración secreta, y que el defensor del pueblo tenga que sentirse avergonzado por criticar a un alcalde que ha cometido una infracción.

Esta reciente histeria mediática, impulsada desde el Gobierno, forma parte de una serie de ataques dirigidos contra instituciones independientes, la libertad de prensa y la sociedad civil en Hungría. El absurdo desafío, políticamente motivado, al defensor del pueblo tiene como objetivo enviar un mensaje de advertencia a funcionarios en oficinas públicas e instituciones, que todavía puedan albergar pensamientos críticos. El mensaje dirigido a ellos es: abandona la ilusión de trabajar como una organización independiente, crítica con las acciones del Gobierno y cooperando con organizaciones no gubernamentales incluidas en una lista negra. La apisonadora del nuevo Régimen de partido único intenta acabar con todo aquello en su camino que no pueda controlar directamente. Está impulsada por ansiedad y miedo a la solidaridad social y la cooperación entre gente que sigue comprometida con la democracia. Los gobernantes están tratando de dividir y crear antagonismos entre los que considera una amenaza al tener el potencial de despertar al pueblo de la indiferencia. Quién critique al partido Fidesz hoy en día – ONGs, el defensor del pueblo, el Fondo de Subvenciones de Noruega o incluso el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo - se considera parte de una conspiración internacional contra Hungría.

Para el comportamiento desquiciado de la "Fideszocracy" no bastará con el cierre de programas de intercambio de agujas o agencias de defensa legal. Está en el interés de todos nosotros detener sus avances destructivos.

Péter Sárosi