La democracia y el Estado de derecho han retrocedido en un gran número de países europeos en 2020, según el nuevo informe de Liberties ‘EU 2020: DEMANDING ON DEMOCRACY’. El informe, que cubre 14 países de la Unión Europea, es una respuesta a la solicitud de información de la Comisión, que prepara su segunda auditoría anual del historial democrático de los países de la UE.

Algunos países con deficiencias democráticas graves, como República Checa, Eslovaquia y Rumanía, están estudiando reformas que podrían dar lugar a algunas mejoras. En general, el informe apunta una serie de tendencias preocupantes comunes a muchos países de la Unión, incluidos algunos con una trayectora democrática históricamente consolidada. Y los gobiernos autoritarios en Hungría, Polonia y Eslovenia han utilizado la pandemia como pretexto para intensificar el desmantelamiento de las normas democráticas

La labor de periodistas, activistas y plataformas ciudadanas es cada vez más difícil

Aumenta la presión política sobre la libertad de prensa. La situación es especialmente preocupante en República Checa, Hungría, Polonia y Eslovenia. En Eslovenia, por ejemplo, los periodistas son objeto de amenazas y campañas de difamación. Muchos se autocensuran para evitar el acoso o la violencia. Asimismo, cada vez más empresas y gobiernos intentan impedir investigaciones y campañas de periodistas y activistas interponiendo "demandas mordaza”, las denominadas Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). El problema va en aumento en muchos países, como Croacia, Italia y Eslovenia.

Varios gobiernos han aumentado la dificultad de participación de la ciudadanía en la democracia. Los procedimientos de elaboración de leyes acelerados introducidos durante la pandemia han supuesto la aprobación de leyes y políticas sin apenas consultas. La táctica de las campañas de difamación contra las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos y la democracia se ha extendido más allá de Hungría y Polonia, e incluye ahora también a Croacia, Eslovaquia y Eslovenia. En países como Alemania e Irlanda, los reglamentos obsoletos que rigen el funcionamiento de las organizaciones benéficas obstaculizan la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) puedan organizar campañas.

Algunos gobiernos también utilizan la ley penal para reprimir la libertad de expresión. Por ejemplo, en España se ha procesado a activistas y artistas por publicar caricaturas satíricas, quemar una bandera o emplear símbolos religiosos de forma provocativa durante una protesta.

Impartir justicia: un paso adelante, dos pasos atrás

La independencia del poder judicial se ha visto aún más alterada en países como Bulgaria, Hungría y Polonia, aunque en otros lugares también ha sufrido. La preocupación por la integridad del poder judicial y la transparencia de los nombramientos está sobre la mesa, por ejemplo, en Irlanda y España.

Muchos países siguen acumulando un retraso enorme en los tribunales, debido a los escasos recursos dotados a los mismos, por lo que los sistemas están saturados y tardan cada vez más en impartir justicia. La tendencia a la digitalización de los sistemas de justicia es una posible solución, pero si no se hace de forma adecuada, corre el riesgo de agravar los problemas de equidad de los procesos penales en países como Italia, Polonia, Eslovaquia y España.

Las nuevas normas sobre tasas judiciales en Bulgaria y República Checa y los deficientes sistemas de asistencia jurídica en Rumanía y España también dificultan el acceso a la justicia y la garantía de un juicio justo.

Demasiado blandos con la corrupción, demasiadas violaciones sistémicas de los derechos

La corrupción sigue siendo un problema grave en varios países. En algunos, se mantienen prácticas que dificultan la supervisión por parte de las ONG, lo que indica que las autoridades son reacias a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, como en Bulgaria y Francia.

Varios países han sufrido violaciones generalizadas de los derechos humanos. En Hungría y Polonia, los gobiernos están retrocediendo en materia de igualdad para las mujeres y las personas LGBTIQ, al tiempo que agitan una retórica nacionalista y generadora de división. En España se observan síntomas de racismo estructural, como el uso de perfiles raciales y la brutalidad policial, y en Croacia se están produciendo retrocesos y violencia hacia las personas migrantes.

Las respuestas a la COVID-19 exacerbaron los problemas existentes

La pandemia de la COVID-19 ha contribuido indudablemente al debilitamiento del Estado de derecho. Las medidas adoptadas para luchar contra el virus han tenido consecuencias sobre la democracia y los derechos en toda la UE. Asimismo, para tratar de detener la propagación del virus, se han restringido las libertades de las personas. Aunque algunas medidas son necesarias para proteger la salud de las personas, nuestro informe muestra que varios gobiernos han impuesto restricciones desproporcionadas al espacio cívico, la libertad de prensa y la participación democrática

Se han elaborando leyes a menudo de forma demasiado rápida, mediante procedimientos exprés que no son transparentes y no permiten la consulta con la sociedad o las organizaciones de la sociedad civil. Esto ha ocurrido incluso en países con una fuerte tradición de participación democrática, como Irlanda, Alemania y Suecia.

A estos problemas se suman a menudo graves limitaciones al acceso a la información, obstáculos a la prensa, restricciones desproporcionadas al derecho de protesta y censura en nombre de la lucha contra la desinformación. En conjunto, estas prácticas han dificultado seriamente que periodistas, activistas y ciudadadanía puedan vigilar, informar al electorado y expresar sus preocupaciones acerca de cómo están empleando el poder gobiernos y empresas. Esto resulta especialmente preocupante durante una crisis en la que es crucial que los gobiernos rindan cuentas y respondan ante la ciudadanía sobre cómo utilizan los recursos públicos para hacer frente a la pandemia.

Patrones autoritarios

En los peores casos, se observa una estrategia calculada para debilitar el control democrático, facilitar la corrupción y consolidar su control del poder. Los gobiernos con tendencias autoritarias de Hungría, Polonia y Eslovenia están debilitando sistemáticamente el poder judicial, los medios de comunicación y la sociedad civil para no tener que rendir cuentas ante la ley ni ante su ciudadanía.

Estas medidas incluyen: el nombramiento político de los jueces, y el descrédito o la sanción de los jueces que intentan proteger el Estado de derecho; la difamación, la estigmatización y el recorte de la financiación de las organizaciones de derechos y democracia; la restricción del derecho a la protesta; el acoso y el silenciamiento del periodismo y activismo que saca a la luz la corrupción y las irregularidades; el uso de chivos expiatorios para atacar a los grupos marginados; y centralizar los medios de comunicación en manos de aliados para controlar el debate público.

Qué debe hacer la UE

La UE tiene un papel crucial en la protección de nuestras democracias. La Comisión Europea ha dado un paso importante: auditar anualmente el historial democrático de sus Estados miembros. Pero eso no es suficiente para invertir estas tendencias alarmantes. La UE debe empezar a hacer recomendaciones claras a los distintos países, aplicar sanciones firmes a los gobiernos que socavan el Estado de derecho y proporcionar un apoyo real a los periodistas y activistas que trabajan para promover y proteger la democracia.

Sobre el informe

El informe abarca 14 países de la UE. Es la investigación más completa de este tipo realizada por una red de ONG que analiza lo ocurrido en 2020. El informe ha sido preparado por Liberties junto con sus organizaciones miembros y asociadas, para nutrir la consulta de este año de la Comisión Europea sobre el estado del Estado de derecho en la UE.

Descarga aquí el informe completo: EU 2020: Demanding on Democracy