En una pandemia es fundamental que los periodistas puedan hacer preguntas comprometidas y difíciles a los políticos para mantener informada a la ciudadanía y garantizar que los gobiernos toman las decisiones más adecuadas. Del mismo modo, la ciudadanía debe poder hacer llegar sus preocupaciones a sus representantes mediante el derecho a la protesta o apoyándose en organizaciones que defienden las libertades civiles y que vigilan a los gobiernos para asegurarse de que protegen sus derechos. Los gobiernos autoritarios de la UE han utilizado la pandemia como tapadera para seguir reprimiendo a las organizaciones civiles y la libertad de prensa. Pero incluso los gobiernos de democracias históricamente más sólidas están dificultando que los ciudadanos pidan cuentas a sus políticos.

Los ataques a los medios de comunicación y a los periodistas debilitan la democracia.

El pluralismo de los medios de comunicación y el derecho a la libertad de información se han visto afectados en toda la UE. Sobre todo en República Checa, Hungría, Polonia y Eslovenia, donde los gobiernos han aumentado su influencia sobre los medios. En estos países, el deterioro del panorama mediático se ha acelerado como parte de un programa más amplio de medidas concertadas para encubrir la corrupción y debilitar la democracia.

En Polonia, la empresa petrolera de gestión estatal PKN Orlen adquirió uno de los mayores grupos editoriales del país, Polska Press. El gobierno también redactó una nueva ley que introduciría un impuesto sobre los ingresos publicitarios. Como protesta, los medios de comunicación independientes polacos suspendieron la cobertura informativa durante 24 horas. En Hungría, la emisora de radio Klubrádió, crítica con el gobierno, perdió su licencia y se vio obligada a abandonar las ondas. El organismo regulador de los medios de comunicación, afín al gobierno, se negó a prorrogar la licencia porque la radio no había presentado los documentos a tiempo. Sin embargo, pasó por alto infracciones administrativas similares de otras emisoras. En República Checa, el primer ministro Andrej Babiš posee casi un tercio de los medios de comunicación privados. Los periodistas sufren constantemente campañas difamatorias en internet. En los últimos cinco años, el país ha bajado del puesto 13 al 40 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.

En Eslovenia, desde que el primer ministro Janez Janša y su partido nacionalista de extrema derecha SDS llegaron al poder el 13 de marzo de 2020, la libertad de prensa ha sufrido un retroceso acelerado. Janša ha aumentado su control sobre los medios de comunicación. Ha fomentado un panorama mediático tóxico y ha atacado a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y la democracia. El gobierno ha presionado a la agencia nacional de prensa mediante campañas de difamación, recortes de financiación (anulados tras la presión de la Comisión Europea) y cambios en el marco regulador que ponen en peligro la independencia de la misma. El acoso a periodistas en internet ha generado un clima de miedo. Janša ha atacado a las mujeres periodistas con el insulto misógino de “presstitutes” [juego de palabras en inglés entre press (prensa) y prostitutes (prostitutas)]. Los periodistas han reaccionado autocensurándose para proteger su seguridad y su salud mental. La Comisión Europea ha criticado los ataques del primer ministro a los medios de comunicación, pero las organizaciones de defensa de la libertad de prensa quieren que tome medidas más serias.

Pero incluso más allá de los países de tendencia autoritaria, el periodismo independiente y otras voces críticas cada vez se encuentran con contextos más hostiles, entre otras cuestiones, por las campañas de difamación e intimidación, el acoso en línea e incluso la violencia física. También aumentan las juicios abusivos, o juicios mordaza, conocidos como SLAPPs (demanda estratégica contra la participación pública) sin que las víctimas de los mismos cuenten todavía con ningún tipo de protección, ni siquiera en los países de la UE con una fuerte tradición de protección de la libertad de expresión. Precisamente esta semana se celebrará una audiencia en Suecia sobre la SLAPP presentada contra la publicación sueca Realtid, su director y los periodistas por haber sacado a la luz la inminente salida a bolsa en Noruega del empresario Svante Kumlin y su grupo de empresas Eco Energy World el año pasado.

Los gobiernos dificultan que la ciudadanía y el activismo pueda participar en la democracia.

Los gobiernos con tendencia autoritaria han utilizado la pandemia como pretexto para reprimir aún más el activismo y las organizaciones de derechos civiles. Han utilizado de forma generalizada tácticas como leyes restrictivas, acoso judicial, detenciones de activistas y campañas de difamación.

El gobierno húngaro sigue acosando e impidiendo la financiación de asociaciones que promueven la igualdad, el trato humano hacia los recién llegados, la lucha contra la corrupción y otras libertades democráticas. El gobierno polaco ha presentado un nuevo proyecto de ley que pretende desacreditar a las asociaciones que reciben financiación del extranjero. Ha sometido la financiación pública de organizaciones benéficas que antes eran independientes a control político y ahora deniega la financiación a las organizaciones que no compartan su programa ultraconservador. Asimismo, ha intensificado sus ataques contra las asociaciones y el activismo que defiende los derechos LGBTQ. En Eslovenia, el gobierno ha tratado movilizar la opinión pública en contra de las organizaciones de derechos humanos críticas, insinuando que acaparaban fondos públicos que deberían destinarse a ayudar a la ciudadanía. Los medios de comunicación afines a la coalición gobernante emplean campañas virulentas de difamación para dañar la reputación de las asociaciones.

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También la sociedad civil está bajo presión en otros lugares. En Eslovaquia, hay una narrativa cada vez más agresiva contra las organizaciones de derechos, en especial en el ámbito de la igualdad de género. El gobierno de Croacia ha obstaculizado el acceso de las asociaciones a los fondos de la UE incumpliendo deliberadamente las normas sobre procedimientos de licitación. En Alemania, las organizaciones de defensa de las libertades civiles trabajan bajo la amenaza de perder su condición de organización benéfica. Algunos políticos y grupos de presión empresariales se aprovechan de una legislación poco clara y obsoleta para impedir que estas organizaciones canalicen las posturas ecologistas y antiglobalización de muchos ciudadanos. En marzo de 2021, por ejemplo, la organización Change.org perdió su condición de organización sin ánimo de lucro porque se negó a eliminar una petición que presionaba a Nestlé para que deje de utilizar botellas de plástico desechables. En Italia y España ha aumentado el número de juicios mordaza (SLAPPs) contra activistas y defensores de los derechos humanos.

Asimismo, cada vez se excluye más a las asociaciones de toda la UE de las consultas públicas, lo que dificulta que informen a los políticos sobre las preocupaciones de la ciudadanía, silencia las voces críticas y facilita la aprobación de leyes controvertidas.

Un buen sistema democrático evita legislaciones deficientes

Algunos países han ido demasiado lejos en su forma de tratar de frenar la pandemia. La prohibición general de las protestas, por ejemplo, es una medida desproporcionada. El derecho a la protesta debe mantenerse si los participantes respetan los protocolos sanitarios. En países con una histórica tradición y pricnipios democráticos, en los que estas medidas no son un intento de desmantelar la democracia, los tribunales y la presión pública lograron corregir el problema en algunas ocasiones, pero no siempre.

En España, por ejemplo, el gobierno envió a la policía y al ejército a las calles durante el estado de alarma que duró de marzo a junio de 2020. Durante ese tiempo, se presentaron múltiples denuncias de uso de perfiles raciales y brutalidad policial. El gobierno prohibió algunas protestas por motivos sanitarios legítimos. Pero la Constitución española no permite suspender el derecho de reunión y manifestación.

El gobierno francés presentó un nuevo proyecto de ley para los “nuevos retos de seguridad”. El artículo 24 del proyecto de ley ilegaliza la difusión de una imagen de un agente de policía ”con intención de perjuicio”. Organizaciones como Reporteros sin Fronteras, que defienden la libertad de prensa, criticaron el polémico artículo. Como resultado de la fuerte presión pública, el Parlamento francés prometió enmendar el proyecto de ley.

El deterioro del pluralismo mediático y la reducción del espacio cívico es un fenómeno que ya se producía antes de la pandemia. En los países con gobiernos corruptos, estas tendencias se han acelerado y han dificultado la planificación de una via para superar la pandemia de la mejor manera posible para la población.

Qué debe hacer la UE

La UE tiene una serie de poderes que puede utilizar para proteger nuestras democracias. El informe anual de la Comisión Europea en el que se audita la trayectoria democrática de los países de la UE es un paso importante. Sin embargo, debe incluir recomendaciones claras a los distintos países. Los gobiernos que las ignoren y socaven el Estado de derecho deben ser sancionados, por ejemplo iniciando un proceso judicial o suspendiendo los fondos que reciben de la UE. Y la Comisión debe utilizar su fuerza económica para apoyar al periodismo y activismo que promueve y protege la democracia sobre el terreno.

El nuevo informe de Liberties ‘EU 2020: DEMANDING ON DEMOCRACY’ revela las malas prácticas que afectan al Estado de derecho en 14 países de la UE. Es la investigación más completa de este tipo realizada por una red de ONG que analiza lo ocurrido en 2020. El informe ha sido preparado por Liberties junto con sus organizaciones miembros y asociadas, para nutrir la consulta de este año de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en la UE.