Hace mucho tiempo que existe la controversia sobre el tema de los derechos de los detenidos. Muchas personas - y gobiernos - sientan que estos "derechos" en realidad son privilegios, que uno puede perder por violar la ley. Esta opinión no es compartida por otros, especialmente los miembros de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos y no es compartida por el Tribunal Europeo de derechos humanos, que dictaminó en Velev v. Bulgaria que el detenido no puede ser privado de sus derechos, y el acceso a sus derechos no puede ser limitado de manera arbitraria e injustificada.

El demandante en este caso, Velyo Velev, había sido encarcelado en el centro de detención de Stara Zagora durante 29 meses, desde noviembre del 2004 hasta abril de l2007, tras ser acusado de poseer un arma de fuego ilegal. No fue su primera ofensa, y Sr. Velev era considerado a un "reincidente". Durante el período de su encarcelamiento, pidió permiso para participar en las actividades de educación, que le permitiría completar sus estudios de educación secundaria. Su petición fue denegada por las autoridades, y esta decisión fue confirmada en un juicio por el Tribunal Administrativo Supremo búlgaro. Una de las razones esgrimidas para rechazar su petición fue que es prerrogativa del estado limitar los derechos de los detenidos - en este caso, el derecho a la educación del Sr. Velev.

Ninguno de los argumentos presentados por el Estado fueron capaces de convencer al TEDH. La afirmación que le niega el acceso al Sr. Velev a la educación se basa en la preocupación de que estaría en contacto "no reincidentes" y podría tener una influencia negativa sobre ellos. Este argumento fue rechazado por el Tribunal, que dijo que no existía ningún fundamento para tales preocupaciones y señaló que el estado no pudo proporcionar ningún dato estadístico que justifique limitar el acceso a la educación. Otro argumento principal del Estado - que el Sr. Velev podría ser trasladado a una prisión para reincidentes tras su sentencia final y por lo tanto no debería integrarse en Stara Zagora más de lo necesario - también fue destituido por el Tribunal, que determinó que Bulgaria había errado en su clasificación inicial del demandante como un reincidente, ya que aun no había sido formalmente condenado por la posesión de armas.

El Tribunal le otorgó al Sr. Velev una indemnización por un total de 2.000 euros y dictaminó que no había ningún motivo para limitar su derecho a la educación. De hecho, dijo el Tribunal, el único reglamento nacional que tenía que ser aplicado al caso del Sr. Velev era uno obligando a las autoridades de los centros de detención a animar a los detenidos a participar en actividades de enseñanza.

La Corte subrayó que los estados signatarios, obligados por el artículo 2 del protocolo Anexo 1 de la Convención no están obligados a proporcionar a los detenidos actividades educativas si dicha disposición es materialmente imposible o difícil dados los recursos existentes del centro. Sin embargo, una institución que ya está equipada con instalaciones de este tipo no puede negar a sus detenidos el acceso a ellos sin justificación. El Tribunal le recordó el Estado las recomendaciones de las normas europeas de prisión del Consejo de Europa, indicando, entre otras cosas, que "cada centro de detención apunta a proporcionar a todos los internos con acceso a programas de educación posiblemente amplio, que - tomando en cuenta las ambiciones individuales de los prisioneros - es capaz de satisfacer sus necesidades".

Este caso es un recordatorio que el derecho a la educación también es un tema de controversia en muchos otros Estados de la UE. Muy a menudo es vista por autoridades como una recompensa o un privilegio, en lugar de un derecho básico.

El artículo apareció originalmente en "Prawnik", un apéndice a Dziennik Gazeta Prawna