Cuando alguien menciona las desapariciones forzadas, es muy probable que Argentina, Chile y Chechenia vengan a la mente. Sin embargo, en el corazón de Europa miles de familias españolas siguen excavando en cunetas y campos en busca de sus familiares desaparecidos, que se creen enterrados en cualquier lugar o en fosas comunes esparcidas por todo el país. Se estima que más de 110.000 personas desaparecieron durante la Guerra Civil y el régimen franquista posterior, lo que significa que España podría ser fácilmente el país con el número de desaparecidos más alto del mundo.

Sin justicia a pesar de 36 años de democracia

Las desapariciones forzadas constituyen una violación continuada de varios derechos fundamentales, una violación que durará hasta que la suerte y el paradero de las víctimas se establezcan. En este momento, esta es la situación de decenas de miles de personas desaparecidas en toda España. La sistemática impunidad existente, que es tolerada y promovida por el Estado español, contribuye a prolongar el sufrimiento de las familias de las víctimas.

La Guerra Civil empezó en 1936 y duró tres años, después de los cuales una dictadura encabezada por el General Franco fue establecida hasta 1975. Durante este período se cometieron graves violaciones de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas. En 1978 se instauró un nuevo régimen constitucional democrático, lo que significa que el país lleva viviendo en democracia casi 36 años hoy en día.

A pesar de ello, las víctimas de desapariciones forzadas y sus familias siguen buscando justicia, verdad y reparación. Según las autoridades españolas y los tribunales, estos reclamos de justicia y verdad podrían abrir viejas heridas que el tiempo ya habría cerrado, con el riesgo de dividir de nuevo el país. No obstante, como ha dicho el Relator Especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación, proteger a las víctimas no implica apoyar a unos u otros, sino que es una cuestión de derechos humanos.

La ONU urge a España a investigar todas las desapariciones

El Relator Especial de la ONU también ha establecido que la democracia española es suficientemente madura para pagar sus deudas con el pasado, y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU ha aclarado que el derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de los familiares "es un derecho absoluto" y “una obligación que el Estado español debe satisfacer de acuerdo al derecho internacional". Tanto el Grupo de Trabajo como el Relator Especial han subrayado que, teniendo en cuenta la edad de los familiares de las víctimas, las autoridades deberían adoptar medidas de forma urgente y prioritaria. La angustia y el padecimiento que las familias de los desaparecidos tienen que soportar, y deben seguir soportando, constituyen en sí mismas violaciones de derechos humanos, tortura inclusive.

El Grupo de Trabajo de la ONU también ha establecido que "[a]un cuando varios aspectos de la desaparición forzada puedan haberse completado años o décadas atrás, si otras partes de la desaparición persisten, especialmente si no se determina la suerte o el paradero de la víctima, deberá considerarse el caso por parte de los tribunales penales y no deberá fragmentarse el acto de la desaparición forzada […] la prescripción solo puede correr desde el cese de la desaparición”. Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada –también de la ONU- ha exigido al Gobierno que “asegure que todas las desapariciones forzadas son investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal". A pesar de todas las recomendaciones de la ONU y del Derecho Internacional, las autoridades españolas siguen negando la naturaleza continuada de la desaparición forzada, lo que impide la investigación de graves violaciones de derechos humanos.

El delito autónomo de desaparición forzada no existe en el Código Penal español, a pesar de que así lo requiera expresamente el Derecho Internacional. La reforma del Código Penal que se debate en este momento en el Parlamento español debería incluirlo. El Comité de la ONU, de manera similar al Grupo de Trabajo, ha instado al Estado a que se introduzca "la desaparición forzada como un delito autónomo que se ajuste a la definición contenida en el artículo 2 de la Convención y sea punible con penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad”.

Ayúdanos a reclamar justicia para las víctimas y sus familias

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, creemos que el mejor homenaje que España puede rendir a las víctimas y sus familias es el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y la adopción de las medidas recomendadas por los organismos de la ONU. Por este motivo, hoy lanzamos esta petición dirigida al Presidente del Gobierno y al Ministro de Justicia. ¡Ayúdanos a reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias!