"Una vez más, las decisiones de quienes detentan el poder legislativo y ejecutivo y atacan la independencia de los tribunales polacos (el Tribunal Constitucional y los tribunales de jurisdicción general) han obligado al Consejo de Administración y al Consejo Directivo de la Fundación de Helsinki para los Derechos Humanos (HFHR) y el Comité Helsinki en Polonia a declarar que el papel del poder judicial en el modelo constitucional de separación de poderes ha sido destruido. Se han traspasado ya todos los límites", reza el comunicado emitido ayer por la mañana.

El comunicado conjunta analiza la nueva Ley sobre el Tribunal Constitucional que está preparando actualmente el Sejm (cámara baja del parlamento polaco). Según el Comité Helsinki y el Consejo Directivo de la HFHR, "la versión de la Ley sobre el Tribunal Constitucional del 29 de junio paraliza efectivamente ese órgano y lo transforma de manera que su funcionamiento (incluido el orden en el que considere los casos y su ritmo de trabajo) dependa de las decisiones intermedias y manipuladoras del presidente, el fiscal general y el primer ministro. Además, la introducción de un veto que permite que cuatro jueces pospongan un caso garantiza la posibilidad permanente de no oír aquellos casos que resulten inconvenientes para el tribunal y los líderes del partido en el poder".

El Comité Helsinki y la Dirección de la HFHR han alertado de que la creación de una autoridad para este veto es una amenaza directa a la influencia del Comisario para los Derechos Humanos, ya que se pueden bloquear permanentemente sus mociones. "El Tribunal está conformado por una ley inconstitucional relativa a los asientos ya ocupados. Esto conduce a decisiones que son permanentemente inconstitucionales", prosigue el comunicado.

"Con sus acciones hacia el Tribunal Constitucional y todo el personal que lo conforma, el gobierno polaco está ridiculizando el Estado de derecho y el Estado mismo. Al mismo tiempo, otros órganos que son formalmente independientes, se encuentran bajo una gran presión", escribieron los firmantes del comunicado.

En su declaración, el Comité Helsinki y la Dirección de la HFHR hacen referencia a la decisión más reciente del presidente de Polonia, que no nombró a 10 jueces que fueron recomendados por el Consejo Nacional de la Judicatura de Polonia. Según el Comité Helsinki y la Dirección de la HFHR, el hecho de no nombrar a los jueces (además de la negativa previa del presidente de nombrar a tres jueces legítimamente elegidos para el Tribunal) es una prueba más de que el gobierno está limitando la independencia y la importancia de la autoridad judicial. Estas acciones influirán la actitud de los jueces y demás personal de los tribunales. Pretenden convertir el poder judicial en un órgano que se ajuste al poder ejecutivo y a sus expectativas.

"Debilitar la posición y la independencia de la autoridad judicial representa una amenaza directa a la protección de los derechos humanos y libertades", afirma el comunicado.