Tres voluntarios franceses ahora están siendo investigados y se enfrentan a cargos por haber ofrecido unos bocadillos a algunos de los muchos refugiados que se congregan en esta ciudad a la espera de una oportunidad para cruzar la frontera y entrar en Francia.

"No alimentéis a los migrantes"

En Ventimiglia existe un decreto municipal vigente que prohibe que cualquier persona proporcione comida a los migrantes. Este decreto fue emitido por el alcalde Enrico Ioculano el 11 de agosto de 2016 pero hasta ahora no se había aplicado.

El decreto de Ventimiglia es uno de los muchos "delitos de solidaridad" -esto es, la criminalización de la solidaridad hacia los refugiados y migrantes- que se están aprobando en toda Europa.

Oponerse a una ley inhumana

El caso ha iniciado un debate político. El gobierno de la ciudad y su alcalde han recibido las críticas de muchas personas que consideran inconcebible que la solidaridad esté prohibida y que se castigue a alguien por su deseo de ayudar a quien lo necesita.

El alcalde ha defendido el decreto bajo el argumento de que Ventimiglia ha sido un punto caliente complicado durante la crisis de los refugiados: muchos migrantes eligen este lugar como destino con la esperanza de poder cruzar la frontera y entrar en Francia.

Mientras esperan, se han congregado en el único centro de acogida de la ciudad, que no ha sido capaz de acoger a todos los migrantes y atender sus necesidades básicas.

Por ello, el verano pasado, la alcaldía decidió limitar el suministro de alimentos por razones de higiene y solo permitió que un pequeño grupo de asociaciones humanitarias se encargaran de esta labor.

El apoyo de los voluntarios es fundamental

Sin embargo, la situación ahora es muy distinta, el centro de acogida ha empezado a aplicar prácticas de identificación y a trasladar a los refugiados a otros centros de Italia, prohibiendo la entrada en el centro de acogida a quienes no quieren ser identificados.

Las asociaciones que tienen permiso para trabajar con migrantes pueden atender a los que están dentro del centro, pero para los todos los que viven en la calle, la ayuda de los voluntarios franceses que llegan todos los días con comida y provisiones es fundamental.

Teniendo esto en cuenta, muchas organizaciones de derechos humanos señalan que el decreto es indefendible. Es una ofensa a la naturaleza humana, se contradice abiertamente con la Constitución italiana y fomenta la discriminación y el odio.

Patrizio Gonnella, presidente de Antigone/CILD, afirmó que todo esta historia representa la carencia absoluta de cualquier lógica y se ha comprometido a brindar asesoría legal a estas personas, a través de Antigone, una organización italiana que aboga por los derechos humanos en el sistema penal, para ayudarles a combatir esta acusación injusta.