El gobierno de RU está violando la ley al recopilar indiscriminadamente la actividad de Internet y telefónica de los ciudadanos y permitir que cientos de organismos públicos tengan acceso a ella sin necesidad de justificación por sospecha de delito grave, ni una supervisión independiente. Los jueces del TJUE respaldaron ayer una denuncia a la Ley de Retención de Datos y Poderes de Investigación. Aunque esta expirará el 31 de diciembre, el gobierno ha aprobado una nueva ley de vigilancia. El fallo implica que partes importantes de la nueva ley son ilegales y deben enmendarse urgentemente.