"El bucle" era un procedimiento administrativo que permitía al Estado rectificar de forma retroactiva errores y omisiones sin interrumpir la tarea principal. En teoría era útil, pero en la práctica se utilizaba para silenciar a los ciudadanos cuando criticaban cosas como la legislación medioambiental. Cuando un ciudadano podía demostrar que el Estado había violado la ley, se utilizaba este procedimiento, sin dejar ningún margen para recurrir. Tras una denuncia de grupos de sociedad civil, entre ellos, la Liga Belga de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional lo ha anulado.