Organizaciones de derechos humanos piden a los legisladores de la UE que rechacen el artículo 17 de la Ley de libertad de medios de la Unión que supone una grave amenaza para la libertad de los medios de comunicación y podría ser objeto de abusos por entidades corruptas.
En septiembre de 2022, la Comisión Europea adoptó oficialmente la propuesta de la Ley de libertad de los medios de comunicación en la UE (EMFA, por sus siglas en inglés). El objetivo de la normativa es garantizar la protección de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en toda la Unión Europea.
El artículo 17 del borrador propone el llamado "privilegio de los medios de comunicación", que otorga una serie de privilegios a quienes se autodeclaren como servicios de comunicación. Entre otras cosas, implica que si las grandes plataformas en línea, como Facebook o Twitter, deciden suprimir un contenido publicado por un medio de comunicación, deben aportar previamente una explicación detallada de por qué lo han retirado.
Entre otros problemas, el mecanismo de autodeclaración es defectuoso y podría ser fácilmente objeto de abuso por parte de medios de comunicación malintencionados que quieran difundir propaganda y desinformación. En algunos Estados miembros de la UE, como Hungría o Polonia, incluso los medios públicos están controlados por los partidos políticos gobernantes y convertidos en una máquina de propaganda. Estos medios tendrían derecho a un trato privilegiado. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil u otras entidades cuyo objetivo es informar al público no gozan del mismo privilegio.
En general, el problema radica en la forma en que se seleccionan los contenidos en las grandes plataformas digitales. Estas utilizan algoritmos para decidir los contenidos a los que darán más visibilidad en función de lo que les genere más ingresos, por ejemplo a través de la publicidad. Los servicios de medios de comunicación son vulnerables a la pérdida de visibilidad y, por tanto, de tráfico, ya que las grandes plataformas tienen la última palabra sobre lo que veremos en nuestras redes sociales. La forma en la que estas han cambiado el mercado de la comunicación es un gran problema que el artículo 17 no resuelve. Ahora, lo que realmente hace falta es garantizar la igualdad de trato de los distintos contenidos y luchar por una mayor transparencia en la forma en que se seleccionan y moderan los contenidos.
Por ello, una coalición de ONG ha hecho un llamamiento a los colegisladores de la Unión Europea para que rechacen el artículo 17.
Esta es la declaración política completa:
DECLARACIÓN POLÍTICA SOBRE EL ARTÍCULO 17 DE LA PROPUESTA DE LEY SOBRE LA LIBERTAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA UE
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes estamos profundamente preocupadas por el artículo 17 de la Ley de libertad de los medios de comunicación de la UE (EMFA, por sus siglas en inglés), que presenta la denominada propuesta de "privilegio de los medios de comunicación". Es por ello que instamos a los colegisladores de la UE a que rechacen por completo el artículo 17 en su forma actual.
Entendemos la necesidad de equilibrar la actual asimetría de poder entre los proveedores de servicios de medios y las grandes plataformas en línea. Es importante abordar cómo las políticas algorítmicas de contenidos están cambiando el papel público de los medios de comunicación. La existencia de canales de noticias de calidad en las redes sociales es una condición previa para acceder a información fiable y las grandes plataformas deben ser responsables de sus algoritmos, así como de sus políticas de selección y moderación de contenidos. Además, los modelos de negocio estas plataformas tiene que atender al interés público de un periodismo de calidad.
El artículo 17 de la EMFA plantea un mecanismo por el que la identificación de un servicio de medios de comunicación se basa en la autodeclaración (artículo 17 (1)). El sistema de notificación ex ante propuesto para los medios que se autodeclaren establece de facto procedimientos exprés y opacos para ciertos actores privilegiados que supondrán un importante impacto negativo en el derecho a la libertad de expresión e información, abriendo incluso la puerta a actores malintencionados que intenten distorsionar el debate público democrático. La Ley de Servicios Digitales ya exige medidas de mitigación contra los riesgos sistémicos que genera el funcionamiento de las grandes plataformas digitales. Por lo tanto, el procedimiento exprés del artículo 17 pone en peligro la eficacia de la Ley de Servicios Digitales porque fragmenta las normas horizontales y las sobrecarga con nuevos procedimientos.
Por principio, los medios de comunicación no deberían recibir un trato especial en lo que respecta a la moderación de sus contenidos divulgados en grandes plataformas digitales. Además, en algunos Estados miembros de la UE, como Hungría o Polonia, la radiotelevisión pública está controlada por los partidos políticos gobernantes y se ha convertido en un aparato de propaganda. Con la redacción actual del artículo 17, estos actores del sector mediático tendrían derecho a un trato privilegiado. Además, el hecho de que el artículo 17 confíe a las grandes plataformas un poder discrecional para evaluar la integridad y fiabilidad de la autodeclaración de los servicios de medios les otorgaría aún más poder para controlar la esfera pública.
El artículo 17 se centra principalmente en la moderación de contenidos, refiriéndose a la restricción o suspensión de la prestación de servicios de las grandes plataformas digitales en relación con los contenidos proporcionados por los servicios de medios de comunicación. Sin embargo, la selección de contenidos mediante algoritmos con fines de lucro y la monopolización de los mercados mundiales de publicidad digital por parte de las grandes plataformas constituye una amenaza mucho más grave para el pluralismo y la diversidad de contenidos. Los servicios de medios de comunicación y sus editores se enfrentan a dificultades económicas debido a la caída de la visibilidad y el tráfico de sus contenidos. Son vulnerables a la selección algorítmica de contenidos por parte de las grandes plataformas, que dictan las condiciones para la selección de todos los contenidos digitales, incluidos los de carácter editorial y los informativos. Las medidas previstas en el artículo 17, que otorgan un trato privilegiado a los contenidos de los medios de comunicación, no darán una respuesta adecuada al principal problema que se plantea: las grandes plataformas han cambiado la estructura y el equilibrio del mercado de la comunicación y, por tanto, repercuten directamente en el pluralismo de la esfera pública.
Por consiguiente, es preciso centrar las medidas en la aplicación de la Ley de servicios digitales, en especial en la mitigación de los riesgos sistémicos relacionados con la libertad de expresión e información, la desinformación, la amplificación algorítmica y la difusión de contenidos, y rechazar el artículo 17 de la EMFA.
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