Ecologistas y defensores del medio ambiente describen los recientes acontecimientos en Eslovenia, donde el nuevo gobierno ha restringido el acceso a la participación pública y a la justicia de las ONG que trabajan para proteger el medio ambiente, como "un pogromo" y "una declaración de guerra hacia la protección de la naturaleza y el medio ambiente".

A finales de abril de 2020, el gobierno incluyó en su paquete de medidas de recuperación de la crisis del coronavirus, unas disposiciones para desregular la legislación sobre construcción y acelerar las inversiones en infraestructura durante la recuperación económica. Entre las disposiciones que simplifican el procedimiento para la obtención del permiso de construcción, se incluyen las que dificultan las condiciones para permitir la participación de las ONG ecologistas en los procedimientos de concesión de permisos. Según la Agencia de Prensa de Eslovenia, las soluciones propuestas permiten que los inversores antepongan "otros beneficios públicos" al de la preservación de la naturaleza y el medio ambiente.

Las disposiciones introducen nuevas condiciones para que las ONG que trabajan para proteger el medio ambiente formadas como asociaciones, puedan participar en los procedimientos, se les exige además que tengan por lo menos 50 miembros activos (que debe demostrarse a través del pago regular de cuotas de afiliación y la participación en las asambleas generales). Las organizaciones que tengan la condición de instituto deben tener por lo menos tres empleados a tiempo completo con formación universitaria en la materia, mientras que las instituciones o fundaciones deben tener por lo menos 10.000 euros en activos. Las condiciones para las tres formas jurídicas de estas organizaciones se aplican de forma retroactiva (dos años anteriores).

En Eslovenia, las ONG ecologistas cuya labor se haya reconocido oficialmente como de interés público, pueden, de acuerdo con la Ley de protección del medio ambiente, participar en procedimientos, y acudir a los tribunales e impugnar decisiones en materia de medio ambiente. Recientemente, varias inversiones importantes, con graves consecuencias para el medio ambiente, han sido impugnadas con éxito por organizaciones ecologistas en los tribunales, en los propios procedimientos administrativos para obtener el permiso ambiental. Algunas tienen menos de 50 miembros. Otras tienen un número suficiente de miembros para cumplir con los nuevos criterios pero no cobraron la cuota de membresía, ya que no es obligatoria según las normas de la regulación del sector, y no tienen o no quieren revelar sus listas de asistentes a sus asambleas generales.

Las disposiciones restrictivas impugnadas ante el Tribunal Constitucional

Así pues, las nuevas disposiciones y condiciones incluidas repentinamente en la legislación de crisis del coronavirus y aprobadas por el Parlamento mediante una acción de emergencia, sin consulta pública ni procedimiento legislativo ordinario, eliminan de facto la posibilidad de que una gran mayoría de las ONG ecologistas ejerzan sus derechos de representación del interés público, su derecho a la participación pública y a la justicia.

En la actualidad, 30 ONG ecologistas y 47 ONG de conservación de la naturaleza tienen la condición reconocida de actuar por el bien público, pero muy pocas cumplen los nuevos criterios. La condición más polémica es la de cumplir estos requisitos de forma retroactiva, desde hace dos años. Las ONG, pero también cientos de expertos independientes y múltiples actores del sector de protección de la naturaleza y el medio ambiente, enviaron solicitudes al gobierno solicitando que no se introdujeran dichas medidas, pero la ley ha sido aprobada. Sin embargo, ya ha sido impugnada en el Tribunal Constitucional por tres ONG que presentaron rápidamente un recurso.

Sin embargo, este mes de mayo se introdujeron también en las enmiendas a la Ley de conservación de la naturaleza, nuevos criterios restrictivos para la participación de estas ONG en los procedimientos de concesión de permisos. Aunque este procedimiento legislativo aún no ha terminado, por ahora, goza del apoyo de una mayoría parlamentaria. Si se aprueba algunas ONG ecologistas perderían su condición oficial, y por ende, el derecho a la participación pública y al acceso a la justicia, no solo temporalmente durante el período de aplicación de la legislación de crisis del coronavirus, y no solo a efectos de la desregulación de la construcción en ese período, sino permanentemente y en todos los procedimientos relacionados con la protección de la naturaleza y el medio ambiente.

El tercer paquete de medidas para gestionar la crisis, que está en proceso de elaboración, incluye las mismas condiciones para las ONG que el segundo, que permanecerían en vigor hasta el final de 2021. Además, han anunciado cambios en la Ley de protección del medio ambiente, la Ley de construcción y la Ley de planificación territorial, todos dirigidos a reducir los derechos de las ONG.

El Ministro de Medio Ambiente - defensor de los intereses de los inversores

A pesar de que hay algunos medios críticos, los principales canales de televisión han invitado al Ministro de Medio Ambiente y Planificación Territorial para confrontar a los representantes de las ONG. El Ministro presenta a estas organizaciones como un obstáculo para la realización de grandes proyectos de infraestructura e inversiones en el país, alegando que hacen un mal uso de su estatus mientras se benefician de la financiación pública.

El Ministro pertenece al partido gobernante SDS, que emplea una retórica difamatoria hacia las ONG y aboga por medidas restrictivas hacia las mismas en distintos sectores. Sin embargo, existe un antecedente concreto que desvela la particular hostilidad del Ministro hacia estas. Antes de su actual cargo en el gabinete, el Ministro de Medio Ambiente, Andrej Vizjak, era director del departamento de inversión y desarrollo de la hidroeléctrica Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS). En 2019, el tribunal anuló el permiso ambiental para la nueva central hidroeléctrica de HESS - HPP Mokrice - en el río Sava, basándose en el caso iniciado por una de las organizaciones de protección de la naturaleza. El procedimiento de permiso tiene que tramitarse de nuevo y Vizjak, ahora Ministro de Medio Ambiente, quiere asegurarse de que esta vez las ONG no puedan impedirlo. La inversión en HPP Mokrice se estima en 166,6 millones de euros, incluidos 75 millones de inversión estatal.

Protestas ciudadanas

Las restricciones a la participación pública y al acceso a la justicia de las organizaciones de protección del medio ambiente y de la naturaleza han provocado recientemente protestas ante el Parlamento durante las sesiones parlamentarias. A la vez, las protestas ciclistas antigubernamentales que reúnen regularmente a miles de manifestantes en Ljubljana para expresar su malestar por la interferencia política en la adquisición de equipos de protección y respiradores durante el brote de coronavirus, también están motivadas en parte por las restricciones a la protección del medio ambiente introducidas por el gobierno.

Los representantes de estas organizaciones, en especial de las que trabajan a nivel local, señalan en sus declaraciones a la prensa para explicar los diversos aspectos de las recientes restricciones que se les han impuesto, el hecho de que tanto los anteriores gobiernos dirigidos por partidos de centro-izquierda, como alcaldes de múltiples municipios, independientemente de sus antecedentes políticos, han realizado esfuerzos similares para restringir su labor. En el mandato del anterior gobierno de centro-izquierda, las propuestas de miembros del gobierno de restringir los criterios de participación de estas organizaciones en los procedimientos de concesión de permisos fueron rechazadas con éxito por el entonces Ministro de Medio Ambiente, que se refirió a las obligaciones de Eslovenia de aplicar el Convenio de Aarhus, pero las restricciones estuvieron pendientes todo el tiempo.