Sandra, cuyo nombre ha sido cambiado para esta historia, es una inmigrante de América Latina que vive en España. Según ella, fue llevada a otro país europeo por una red de trata de personas donde fue obligada a prostituirse. Logró escapar a España, donde permaneció sin la documentación apropiada. Podía haber solicitado protección como víctima de trata, pero no quería revivir ante las autoridades todas las experiencias terribles que sufrió.

Detenida y maltratada

Después de un tiempo, fue detenida e ingresada en un Centro de Internamiento de Extranjeros a la espera de ser deportada a su país de origen, donde su vida podría verse amenazada nuevamente por los tratantes. Ella intentó recurrir tanto la detención como su deportación solicitando la protección del Estado, pero las autoridades españolas denegaron su recurso sin fundamentar las razones de la negativa (su abogada recurrió ante el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado sobre el caso).
El día que iba a ser deportada, mientras esperaba en el Centro de Internamiento de Extranjeros, se cortó el antebrazo para evitar ser devuelta a su país. Su ropa estaba manchada con sangre. Según ella, los agentes de policía la esposaron las manos y los pies al ver lo que había hecho. El agente de policía que iba llevarla al aeropuerto la golpeó varias veces y le propinó insultos racistas. Intentó forzarla a que se cambiase de ropa, pero ella se negó. Le indicó el agente que interpondría una denuncia penal en su contra. Tras estos acontecimientos, Sandra pudo evitar la deportación ese día y permaneció en España y ahora está tratando de regularizar su situación migratoria.

1 metro 50 y 40 kilos

Todo esto ocurrió en 2011, y ahora Sandra enfrenta una denuncia por agresiones contra las autoridades y las lesiones corporales infligidas a un agente de la policía, a pesar de medir 1 metro 50 de altura y pesar 40 kilos. Intentó denunciar al agente de policía que la insultó y golpeó, pero el Centro de Internamiento no le ha proporcionado ni los informes médicos ni los registros de imágenes de las cámaras de seguridad del Centro, imposibilitando que acredite los hechos denunciados. Si finalmente se decide que es culpable, Sandra podría enfrentarse a hasta 18 meses de cárcel, casi imposibilitando que reciba las autorizaciones necesarias para permanecer en España.

La decisión del Tribunal será publicada en principio el 11 de diciembre. Independientemente de la decisión del Tribunal, el caso de Sandra es muy ilustrativo de algunos de los retos más significativos que en materia de derechos humanos en España: la violación de derechos en los Centros de Internamiento de Extranjeros; la falta de identificación adecuada de las víctimas de trata, lo cual conlleva una protección inadecuada para estas víctimas; impunidad de los agentes de policía en casos de torturas y malos tratos (hemos visto cómo la policía puede presentar denuncias contra personas para cubrirse las espaldas en casos en los cuales, a su vez, existió un maltrato de individuos); y la discriminación que sufren las minorías étnicas dentro del marco del sistema de justicia penal.