La destitución del presidente del Tribunal Supremo húngaro fue un acto ilegal, según la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tanto András Baka, el presidente del Tribunal Supremo, HCLU, el Comité Helsinki Húngaro y el Instituto Eötvös Károly actuaron conjuntamente como terceros coadyuvantes en el procedimiento. El caso señala que la remoción del Presidente no era un asunto personal, sino parte de un intento sistemático de desafiar a la independencia de los tribunales.