El gobierno español presentó el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, también conocido como la ley anti-protesta o ley mordaza, al Parlamento el pasado 11 de julio. Aunque el texto haya mejorado levemente desde que el Ministerio del Interior anunciase el proyecto de ley, aún plantea serias amenazas a los DDHH, en particular el ejercicio efectivo de los derechos a la libertad de reunión y libertad de expresión. RIS seguirá oponiéndose a las disposiciones anti-protesta durante el proceso de debate y aprobación final de la ley en el Parlamento.