Los colegios de abogados franceses hacen un llamamiento para “dejar de ofrecer los medios humanos y materiales necesarios para el funcionamiento de la ayuda jurídica”, es decir, paralizar la prestación del servicio de justicia gratuita que reciben aquellos ciudadanos que ganan menos de 941 euros mensuales. Es la contundente respuesta de los abogados franceses frente a la propuesta del Gobierno de que los colegios de abogados sufraguen parte del servicio público de justicia gratuita aportando al presupuesto de Justicia 5 millones de euros en 2016 y 10 millones de euros en 2017.