"Deja a los ciudadanos ciegos"
De ellos, el más preocupante es el que reinterpreta el alcance de la Ley de Transparencia. Según la Audiencia Nacional, “se justifica con lógica jurídica” la negativa del Ministerio de Defensa a emitir la información desde el año 1976, “pues la ley que impone la obligación de información entra en vigor en fecha 10 de diciembre de 2014”. Esto –continúa–, “no le impediría haber emitido la información de todas las personas que con posterioridad a esa fecha han utilizado los aviones del Grupo 45”.
Así, el tribunal añade un límite que no está contemplado en la propia Ley de Transparencia y cercena el derecho de acceso a la información. Es decir, esta interpretación de la Audiencia Nacional supone dejar a todos los ciudadanos ciegos a toda información creada o recogida antes de diciembre de 2014, causando un gravísimo deterioro del derecho de acceso a la información y de la transparencia de las instituciones.
Si se aplicara la ley tal y como la reinterpreta esta sentencia, no podríamos, entre otros muchos casos, haber conocido que el número de peticiones de indulto se ha disparado en España desde 2010, mientras las concesiones han bajado, que la coronación de Felipe VI, en junio de 2014, costó más de 170.000 euros, o que solo siete de los 47 policías heridos en la manifestación del 22M -las conocidas como Marchas de la dignidad- pidió la baja. Tampoco podremos obtener datos que arrojan luz sobre casos de corrupción que hemos conocido años después, información sobre el número de desahucios durante los años con más ejecuciones, o documentación sobre la privatización de la Sanidad en su época más intensa.
El ministerio 'castiga' a los críticos
A día de hoy, el ministerio no ha cumplido la sentencia de la Audiencia Nacional que le obliga a dar esa información a Civio, que está llevando el caso al Supremo. En cambio, sí ha facilitado recientemente al diario El País una lista parcial de los acompañantes de estos vuelos oficiales: no solo no están todos los viajes, sino que, no proporciona ningún dato anterior a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, en diciembre de 2014. En Civio, creemos que está “castigando” así a quienes están llevado su opacidad a los tribunales, y que no es función de la Administración escoger a quién da o no la información, máxime con una sentencia judicial favorable.
En términos de transparencia, y sobre todo de voluntad política dentro las instituciones, queda mucho por hacer. La sociedad civil pugna por información como esta incluso antes de que el Derecho de Acceso a la Información estuviera reconocido en España. Y, hasta ahora, ha obtenido datos anteriores a la ley sin problemas. Y luchamos para seguir haciéndolo. La documentación del caso (resoluciones, sentencias, recursos…) es completamente pública para que sea útil para cualquier otra persona u organización. Los ciudadanos preocupados por la opacidad de las instituciones están usando el hashtag #InformaciónEnPeligro para difundir este caso. Un importante derecho está peligro y debemos hacer correr la voz.
Javier de Vega. Fundación Civio
