Liberties ha publicado su cuarto informe anual sobre la situación del Estado de derecho en la Unión Europea. El informe de Liberties, recopilado por 45 organizaciones miembros y asociadas, ofrece análisis detallados sobre la salud de la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de derecho en 18 Estados miembros de la UE.
El Informe de Liberties sobre el Estado de derecho 2023 es un informe alternativo, previo a la auditoría anual de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho que se publicará en julio. También constituye una revisión anual que revela las tendencias en la evolución de cuestiones clave que vertebran el Estado de derecho y la democracia, como el sistema judicial, los mecanismos de control y las salvaguardas, la libertad de los medios de comunicación, el espacio cívico y la corrupción.
La lucha contra la corrupción se estanca
El informe pone de manifiesto las múltiples amenazas contra la democracia en Europa. De todas las áreas analizadas por nuestros miembros y asociados, sólo en una ningún país salió peor parado que en 2021: la corrupción. La mayoría de las organizaciones no percibieron ningún cambio, ni bueno ni malo, en el sistema anticorrupción existente en su país.
Aunque podríamos alegrarnos de que ningún Estado miembro retrocediera en su lucha contra la corrupción, sólo uno informó de una evolución positiva: Hungría, sorprendentemente. La ausencia de retroceso no es, de hecho, algo que celebrar. El informe de este año deja claro que las normas y los mecanismos para erradicar la corrupción son sencillamente demasiado endebles en demasiados países.
Esta cuestión es muy preocupante, porque extirpar la corrupción es esencial para mantener la salud de las democracias. Sin medidas anticorrupción contundentes, los políticos corruptos y sus aliados empresariales pueden apropiarse de los fondos públicos, lo que conlleva menos dinero para las cosas que necesitamos, como escuelas y hospitales bien financiados o un transporte público adecuado. Y la corrupción también puede influir en lo que vemos o leemos en los medios de comunicación y en los intereses que acaban influyendo en el proceso legislativo.
Persisten los viejos problemas
Es cierto que Hungría mejoró su sistema anticorrupción con respecto a 2021. Por supuesto, cuando no se puede descender más, no es algo especialmente loable. En realidad, aún se constata una profunda corrupción en el país. La mejora llegó gracias a un paquete de leyes anticorrupción que el gobierno aprobó a finales de 2022 para asegurarse los fondos de recuperación COVID de la UE. En palabras de nuestro miembro húngaro, la Unión Húngara de Libertades Civiles (HCLU), las nuevas normas se han aprobado "para llegar a un acuerdo con la Comisión Europea" y no para erradicar realmente la corrupción.
La HCLU
considera que las nuevas leyes son, en el mejor de los casos, insuficientes, y
muy probablemente insignificantes. Señalan que aprobar leyes anticorrupción en
un país con corrupción sistémica y sin un sistema judicial independiente ni garantías
jurídicas "es como vestir a un delincuente reincidente con ropa nueva y
esperar que se convierta en un ciudadano respetuoso con la ley". Aunque el
hecho de ofrecer legislación anticorrupción nueva (aunque probablemente
inoperante) es suficiente para mostrar un movimiento positivo por parte de
Hungría, está claro que la única "señal luminosa" de nuestra
panorámica del sistema anticorrupción de los distintos países es cualquier cosa
menos eso.
Se han
registrado otros casos de progreso, de menor escala que el húngaro pero con más
probabilidades de producir un cambio positivo. Italia adoptó un nuevo plan
anticorrupción, aunque todavía no ha servido para frenar la corrupción de los
grupos de presión ni para la transposición de la Directiva de denuncia de irregularidades
de la UE. La República Checa anunció planes para crear un nuevo registro de
grupos de presión con el fin de controlar la influencia sobre la legislación,
aunque tampoco ha hecho nada para proteger a los denunciantes, mientras que los
casos de corrupción individual en los que se han visto implicadas
personalidades destacadas -incluidos el presidente saliente, Milos Zeman y el
ex primer ministro, Andrej Babis- siguen empañando la reputación del país.
Otros países siguen lidiando con problemas ya conocidos, con escasos o nulos avances en los últimos años. Resulta especialmente evidente en las licitaciones y contratos públicos: en la República Checa y los Países Bajos, sigue siendo extremadamente difícil para el público averiguar a qué empresas decide el gobierno conceder contratos; en Francia y Croacia, el gobierno sigue adjudicando contratos a aliados empresariales. Persiste una falta de financiación sistémica de los mecanismos anticorrupción, un problema recurrente en Bélgica e Irlanda.
La conexión de la corrupción con otras cuestiones urgentes
Quizá la
deficiencia más extendida entre los países estudiados sea la continua falta de
protección de los denunciantes, que pueden ser baluartes esenciales contra la
corrupción. Los Países Bajos y Croacia no han dado a los denunciantes el nivel
de protección que exige la directiva de la UE, mientras que Bulgaria, la
República Checa, Estonia, Italia, Eslovaquia y España no han hecho ningún
progreso legislativo para proteger a los denunciantes.
La necesidad de
proteger a los denunciantes evidencia hasta qué punto la corrupción se extiende
a otros ámbitos, como el derecho a la información o la libertad de expresión.
Si se protege adecuadamente el derecho de los denunciantes a comunicar
libremente las irregularidades y a que éstas sean de dominio público, se les
faculta para denunciar actuaciones corruptas y otras irregularidades sin temor
a represalias.
También es
evidente en las SLAPP (pleitos estratégicos contra la participación pública,
por sus siglas en inglés). Estas demandas abusivas suelen ser interpuestas por
personas o empresas poderosas contra periodistas de investigación u otros
organismos de control para intentar silenciarlos y paralizar su trabajo. Así,
se posibilita que la corrupción permanezca oculta, privando al público de
información importante y causando un efecto amedrentador en periodistas y
agentes de la sociedad civil que, de otro modo, darían la voz de alarma. Las
SLAPP siguen siendo un problema acuciante en toda la UE, como informan nuestros
miembros y organizaciones asociadas en Alemania, Bulgaria, Croacia, España,
Estonia, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia.
Es revelador
que, en lugar de apoyar a los organismos de control en su esfuerzo por desvelar
la corrupción y las irregularidades, los gobiernos emprendan campañas
difamatorias para desacreditarlos. En Italia, por ejemplo, nuestros miembros y organizaciones asociadas informan de que los ataques verbales contra
la sociedad civil por parte de miembros del gobierno, incluso en relación con
el escándalo Qatargate, hacen temer el comienzo de una nueva fase de
criminalización y difamación contra la sociedad civil, lo que socava su
credibilidad ante la opinión pública. En Eslovenia y Suecia, algunos políticos
dirigen campañas difamatorias contra agentes de la sociedad civil, incluso
difundiendo información errónea, sin sufrir ninguna consecuencia.
Debe hacerse más para eliminar la corrupción a todos los niveles
Aunque el sistema anticorrupción no se ha deteriorado en ninguno de los Estados miembros analizados en el Informe de Liberties sobre el Estado de derecho 2023, no tenemos motivos para celebrarlo. En conjunto, casi ningún país ha aportado cambios positivos sustanciales en este ámbito. El único que lo hizo, Hungría, lo hizo simplemente para asegurarse la financiación de la UE, y tenemos motivos para dudar de que la nueva normativa tenga algún efecto en la práctica. Instamos a la Comisión Europea a que insista firmemente en que los Estados miembros hagan más para combatir la corrupción. En todos los Estados miembros debe darse prioridad a una legislación anticorrupción contundente, así como a la aplicación de leyes adecuadas de protección de los denunciantes y medidas contra las SLAPP.
Para ser creíble y ejercer presión, la UE debe predicar con el ejemplo. Las escandalosas revelaciones del escándalo de corrupción del Qatargate, que han sacudido al Parlamento Europeo, corren el riesgo de dañar la credibilidad y el prestigio moral de la UE, que necesita para ganarse el apoyo de la opinión pública a la hora de proteger el Estado de derecho. Resulta desalentador ver cómo se utilizan los debates sobre el Qatargate para justificar el endurecimiento del control sobre las ONG, con iniciativas bienintencionadas que corren el riesgo de acabar ayudando accidentalmente a quienes intentan silenciar a los organismos de control y a los progresistas, en lugar de combatir y prevenir el soborno y la corrupción. La UE debe abordar la cuestión desde la raíz, poniendo en marcha una investigación independiente a nivel de todas las instituciones, garantizar la rendición de cuentas de los implicados y reforzar los mecanismos para evitar prácticas similares en el futuro, tal y como viene reclamando la sociedad civil desde hace tiempo.
La corrupción
no es sólo dinero que desaparece en los bolsillos de los políticos y sus amigos.
Representa también nuestros hospitales faltos de personal, nuestras escuelas
infradotadas, nuestras carreteras deterioradas. Sin medidas anticorrupción
adecuadas, simplemente no es posible que construyamos las sociedades
democráticas fuertes, sanas y libres que deseamos.
Recursos
Artículos relacionados:
La sociedad civil en 2022: Las ONG siguen excluidas
Informes de países 2023
El Informe ofrece información de 18 Estados miembros de la UE recopilada por 45 organizaciones de derechos humanos, a saber:
- League of Human Rights (Bélgica),
- Bulgarian Helsinki Committee (Bulgaria),
- Centre for Peace Studies (Croacia),
- League of Human Rights, Glopolis (República Checa),
- Human Rights Center (Estonia),
- Vox Public (Francia),
- the Society for Civil Rights, FragDenStaat, LobbyControl (Alemania),
- the Hungarian Civil Liberties Union (Hungría),
- the Irish Council for Civil Liberties, Irish Congress of Trade Unions, Trinity College Dublin School of Law, The Immigrant Council of Ireland, Inclusion Ireland, Intersex Ireland, Community Law and Mediation, Justice for Shane, Mercy Law Resource Centre, Irish Penal Reform Trust, The National Union of Journalists, Age Action Ireland, The Irish Network Against Racism, Outhouse, Irish Traveller Movement, Pavee Point, FLAC-Free Legal Advice Centres, Mental Health Reform (Irlanda),
- Antigone Association, Italian Coalition for Civil Liberties and Rights (CILD), A Buon Diritto Onlus, Association for Juridical Studies on Immigration or ASGI,Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT) (Italia),
- Human Rights Monitoring Institute (LItuania),
- Netherlands Helsinki Committee, Free Press Unlimited, Transparency International Nederlands (Países Bajos),
- the Helsinki Foundation for Human Rights (Polonia),
- Apador-CH (Rumanía),
- Via Iuris (Eslovaquia),
- Peace Institute (Eslovenia),
- Rights International Spain (España),
- Civil Rights Defenders, International Commission of Jurists (Suecia).
La elaboración de este informe ha sido financiada por la Unión Europea.
