A pesar de que no contaban con los votos suficientes para poder realizar cambios en la constitución, la mayoría gobernante en Polonia introdujo una serie de cambios en el sistema estatal que suponen una amenaza para la protección del Estado de derecho y para el principio de la separación de poderes. Adaptaron la ley a sus propios intereses políticos, convirtiendo así el Estado de derecho en "Derecho del Estado", según el informe de la HFHR.

El informe analiza cómo el gobierno polaco ha utilizado la ley en función de su propio beneficio

En los últimos cuatro años, el gobierno ha aprobado más de 20 leyes que influyen significativamente en el sistema de protección de los derechos humanos. El informe documenta los cambios en el funcionamiento del sistema judicial, las instituciones independientes (como los medios de comunicación públicos y el Defensor del Pueblo) y en el campo de la protección de los derechos y libertades fundamentales (incluida la libertad de reunión, los derechos de las mujeres, los derechos LGBTQI y el derecho a un juicio justo). Asimismo resume la disputa entre Polonia y la Unión Europea de los últimos tres años. Marcin Wolny, uno de los coautores del estudio, señala:

"En los últimos cuatro años, por primera vez y a gran escala, hemos visto cómo se ha explotado la ley con el fin de lograr los intereses particulares de un partido político. Derivando así en la crisis actual del Estado de derecho y en el debilitamiento de todo el sistema de protección de los derechos humanos en Polonia".

Retroceso en la protección de los derechos humanos

En los últimos cuatro años, las tendencias generales observadas han sido el debilitamiento de las instituciones independientes entre ellos, los tribunales y los fiscales), el incumplimiento de las sentencias judiciales y las recomendaciones de las instituciones internacionales, y el deterioro de las garantías de derechos humanos. Los últimos cuatro años han sido un período de cambios sistémicos tanto en el país como en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Małgorzata Szuleka, una de las coautoras del informe, indica:

"En los últimos cuatro años, el gobierno ha aprobado más de 20 leyes que tienen una importancia clave para la protección de los derechos humanos. La mayoría, de forma accelerada, sin consulta pública y a pesar de las objeciones de la profesión jurídica, el Defensor del Pueblo o las organizaciones internacionales".

Los cambios casi siempre se introdujeron en medio de un clima de ataques (instigados principalmente por los medios de comunicación públicos, algunos medios privados y representantes de la mayoría gobernante) contra instituciones individuales, como el Defensor del Pueblo, o grupos profesionales como el de los jueces, o colectivos que sufren discriminación, como los extranjeros o las personas LGBTQI. Las coyunturas en las que las autoridades estatales no reaccionaron o ignoraron directamente los casos de violencia fueron especialmente preocupantes.

La constante labor del gobierno contra el Estado de derecho es la disputa en curso con la Unión Europea, así como una serie de recomendaciones de entidades de derecho internacional. "La falta de aplicación de estas recomendaciones, no solo debilita la posición de Polonia como líder en el cambio democrático en la región de Europa Central y Oriental, sino que también implica la responsabilidad del Estado polaco en la violación de la legislación de la Unión Europea o del Convenio Europeo de Derechos Humanos", reza el informe.