El pasado 20 de junio, el Ministro de Interior y Seguridad, Pieter De Crem, declaró: “no existe un problema de racismo estructural en la Policía.” Y apoyó su declaración afirmando que “se presentan muy pocas denuncias relacionadas con racismo ante el Comité P: entre abril y diciembre tan solo ha habido 45, entre un total de 50.000 agentes en las fuerzas policiales. Además, la mayoría de las denuncias se consideran infundadas". Police Watch, el observatorio de abuso policial de la Liga Belga de Derechos Humanos (LDH) lanzó recientemente una campaña para recopilar testimonios y compartir experiencias sobre violencia policial durante el confinamiento. Con la ayuda de sus socios, han recogido más de 100 testimonios en dos meses, que han sido analizados y presentados en un informe publicado la semana pasada. A pesar de que no se pretende representatividad estadística, los testimonios recogidos contradicen la declaración del Ministro.
Más de 100 testimonios permiten algunas conclusiones generales
Police Watch se creó hace apenas un mes y ha empleado herramientas diseñadas para este tipo de situaciones: un sitio web, cuya función es informar a las víctimas de sus derechos y recoger testimonios a través de formularios seguros en línea.
Se recogieron cerca de 100 testimonios de incidentes ocurridos entre el 18 de marzo y el 29 de mayo de 2020. Tras analizarlos, se validaron 54 de ellos. Se recibieron 10 testimonios durante las sesiones de ayuda de LDH y 11 a través los socios de la asociación, de forma anónima y en cumplimiento de las normas éticas del sector. UNIA, una institución belga que lucha contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades, envió también un resumen de 27 casos de denuncia de brutalidad policial (cada caso se analizó por separado).
No pretendemos que el informe tenga una representatividad estadística (esa labbor estadística le corresponde al Estado, como en otros países europeos). Sin embargo, esta recopilación de 102 testimonios nos revela una serie de conclusiones, que se asemejan mucho a las que denuncian las asociaciones que luchan contra los abusos policiales (como Blédartes, JOC, Bruxelles Panthères, collectif des Madres, etc.) y organizaciones e instituciones que trabajan con estos temas (como aide à la jeunesse o Médicos del Mundo, etc.).
Los grupos vulnerables sufren mucho más abuso policial
Si bien las medidas que ha puesto en marcha el Estado para la crisis sanitaria reflejan una gestión uniforme, que a pesar de ello, no alivia la presión sobre los grupos que ya eran vulnerables antes del brote, la aplicación de las mismas por parte de las fuerzas policiales parece arbitraria.
- El 98% de los abusos policiales denunciados se produjeron en las tres regiones más pobres del país. En Bruselas, el 71% de los casos denunciados tuvieron lugar en las zonas más desfavorecidas.
- El 53% de los encuestados declararon haber sufrido discriminación.
- Cuatro factores aumentan la probabilidad de ser víctima de abusos policiales: ser joven (55%), pertenecer a un grupo étnico minoritario (no blanco) (40%), actuar de forma solidaria o manifestarse a favor de estos grupos (17%), y estar en una situación precaria (15%).
El análisis destaca cómo las autoridades han utilizado un doble rasero en la gestión de la crisis, generando ciudadanos de segunda clase. El Estado y la sociedad en su conjunto se han aprovechado de los grupos mencionados, que frecuentemente han realizado trabajos precarios y mal pagados, sin ningún tipo protección, y que sin embargo, no pueden ejercer sus derechos de manera efectiva.
La policía ha sometido a personas a situaciones de
riesgo de infección cuando trataba de forzar el cumplimiento de las normas del confinamiento
Según muchos testimonios, algunos agentes de policía no respetaron las medidas de seguridad sanitaria, parando a personas en la calle sin utilizar mascarillas ni guantes y juntando a menudo a varias personas en una misma celda, imposibilitando así las medidas de distanciamiento físico. La contradicción entre el objetivo enunciado de obligar a la gente a que cumpla las medidas sanitarias y luego someter a las personas que se detiene en la calle a situaciones de riesgo, plantea una duda acerca de la necesidad y proporcionalidad de esta actuaciones policiales.
Los testimonios recogidos revelan el hecho de que frecuentemente se despliega una enorme cantidad de agentes para situaciones en las que las personas afectadas muestran poca o ninguna resistencia.
Por ello, cabría preguntarse sobre el sentido de estas actuaciones y sobre si las intenciones en las que se fundamentan son conscientes o inconscientes. ¿Están pensadas para proteger a los ciudadanos o para mostrar fuerza y poder?
Bélgica no toma suficientes medidas contra el abuso policial
En sus recomendaciones a Bélgica, el Comité para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han declarado que "el Estado debe adoptar las medidas necesarias para luchar eficazmente contra los malos tratos, incluida cualquier tipo de discriminación, y exigir responsabilidades a los autores de los mismos". Bélgica ha sido acusada de abusos policiales en muchas ocasiones y ya ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Para poner en práctica estas recomendaciones, Bélgica debería:
- Reconocer la existencia de los abusos policiales y poner en marcha un mecanismo de supervisión para producir estadísticas oficiales.
- Garantizar que las detenciones e identificaciones estén justificadas y sean transparentes obligando a que se registren sistemáticamente y se incluya la identificación de los agentes de policía que las realizan, de conformidad con la ley.
- Garantizar el derecho a grabar atuaciones policiales.
- Tomar medidas para mejorar las relaciones entre la policía y las distintas comunidades sociales.
- Desarrollar mecanismos de denuncia accesibles, independientes y eficaces y proporcionar medidas de apoyo para las personas afectadas.
