El secretario de Estado para Migración, Theo Francken, presentó el pasado diciembre un proyecto de ley para imponer una tasa a los extranjeros, que va de 60 a 215 euros, por presentar una solicitud para quedarse en Bélgica.
Esta medida entró en vigor el 2 de marzo.
La Oficina de Inmigración justificó las tasas señalando que es necesario que los solicitantes cubran el coste del procedimiento, pero Francken reveló más tarde el verdadero objetivo del plan: utilizar el dinero recaudado para crear 100 plazas más en los centros de detención cerrados de extranjeros.
La League of Human Rights (LDH) considera esta forma de financiación especialmente artera y cínica: restringe el acceso a la justicia y ¡obliga a los extranjeros a pagar por su propio encarcelamiento!
LDH también considera que esta tasa es discriminatoria y cree que tiene por objetivo, de manera intencionada, a las personas que son vulnerables social y económicamente.
Por todas estas razones, LDH ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional para que se supriman estas tasas. El recurso se presentará formalmente en abril.
