Los pleitos abusivos SLAPP europeos tienen ciertas características identificativas. Implican un desequilibrio de poder, ya que una persona poderosa (y normalmente más rica) presenta una denuncia contra un individuo al que pretende silenciar. Alegan una base jurídica, y suelen adoptar la forma de juicio civil (y, en raras ocasiones, penal) con costes judiciales exorbitantes que la persona demandada difícilmente puede pagar. Las demandas falsas, que no pretenden esclarecer la verdad, sino suprimirla silenciando a las personas que se atreven a hablar con claridad, tienen un efecto amedrentador, pues disuaden a la persona acusada y a otras de expresar sus opiniones debido al riesgo de una demanda abusiva, y al coste económico y psicológico que conlleva. Debido al Reglamento Bruselas 1a, en la Unión Europea los procedimientos por difamación pueden iniciarse en la jurisdicción donde se ha producido o puede producirse el daño y no se limita a la jurisdicción donde reside la persona demandada. Por lo tanto, los casos europeos pueden tener una capacidad transfronteriza.
¿Cuál es el fundamento jurídico de una denuncia por difamación?
En la gran mayoría de los casos, la base jurídica más común para iniciar una denuncia infundada por difamación, tanto civil como penal, es la difamación, seguida de la ofensa o la denigración. Sin embargo, recientemente ha habido un número creciente de casos iniciados por motivos de violación de la privacidad y de las disposiciones sobre datos, basándose en el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD)
Difamación
Aunque la ley de difamación difiere entre jurisdicciones, generalmente se define como la difusión oral o escrita de una declaración falsa sobre otra persona causándole un daño o perjuicio injusto a su reputación.
El diseño de la ley de difamación civil se inclina hacia el querellante, es decir, la persona que presenta el caso sobre la declaración difamatoria, y la carga probatoria suele recaer en el acusado, que debe proporcionar pruebas para demostrar su veracidad. Además, el demandante tiene a su disposición numerosas técnicas procesales para alargar el procedimiento, lo que provoca que la persona demandada tenga que incurrir en gastos judiciales exorbitantes, aumentando su estrés.
Esta base legislativa crea la tormenta perfecta para que muchos ggrupos de poder abusen de las denuncias por difamación civil para tratar de eliminar cualquier publicación crítica o denuncia pública sobre sus abusos de poder. En un caso de difamación vejatoria, el proceso judicial perjudica más al objetivo que el resultado del caso, por lo que ha demostrado ser muy eficaz para quienes están dispuestos a abusar de su uso.
Esta instrumentalización de las demandas por difamación está amenazando la libertad de expresión en los países europeos, incluso en los que cuentan con democracias sólidas y adhesión al Estado de derecho. Algunos instrumentos, como las audiencias previas al juicio o las desestimaciones anticipadas, permiten identificar y filtrar en una fase temprana las demandas infundadas que no tienen un agravio genuino, pero estos instrumentos brillan por su ausencia en toda Europa.
A pesar de contar con unos medios de comunicación fuertes e independientes, en Irlanda existe una gran tendencia a interponer demandas infundadas, y en el último informe de la Coalition against SLAPPS in Europe (CASE), Shutting Out Criticism: How SLAPPS Threaten European Democracy’ [Silenciando la crítica: cómo los SLAPPS amenazan la democracia en Europa], Irlanda figura como el octavo país con mayor número de casos de SLAPP y el cuarto por número de casos per cápita. Es decir, incluso un entorno mediático fuerte y un Estado de derecho sólido no son suficientes por sí solos para evitar los litigios infundados, y que se exploten un sistema vulnerable o las lagunas legales.
En países con un Estado de derecho que se tambalea, el uso indebido de la ley de difamación es aún más perverso. En Polonia, el periódico independiente Gazeta Wzborcza (GW) fue objeto de 75 demandas durante un período de once años, la mayoría de las cuales eran casos de difamación civil. Los demandantes señalaban a periodistas individuales, así como a los propios periódicos, a sabiendas de que carecían de recursos para defenderse, una estrategia de intimidación frecuente.
Denigración
La denigración es similar a la difamación pero se aplica a las empresas y se define como "una práctica de competencia desleal que consiste en desacreditar públicamente a una empresa mediante el desprestigio de sus productos o servicios". El objetivo de las leyes de competencia de la UE es proteger a las empresas contra la competencia desleal que podría surgir si se habla mal de los productos de la competencia con el fin de influir en el comportamiento de los consumidores. El ámbito de aplicación de la denigración es mucho más amplio que el de la difamación, y las demandas pueden presentarse en un plazo de cinco años, un plazo mucho más amplio que los tres meses previstos para las denuncias por difamación.
Un ejemplo claro es la multinacional francesa Bolloré Group, designada por CASE en Europa como ganadora del premio "Litigation Addict" ["Adicta a los litigios"]. Entre 2009 y 2021, Bolloré interpuso denuncias contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y empresas de comunicación, la mayor parte de las cuales se resolvieron a favor de la parte acusada. Un ejemplo es la denuncia contra France 2 por la emisión de un documental de investigación que mostraba cómo los trabajadores de una filial de Bolloré trabajaban en condiciones degradantes.
RGPD
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) está dando lugar a consecuencias imprevistas en la medida en que se perfila como un nuevo campo de batalla para los pleitos estratégicos. Aunque esta práctica aún no se ha llevado a cabo, al fundamentar la querella en la violación de la intimidad (en lugar de en una declaración difamatoria), se abre la posibilidad de que el litigante eluda la defensa del interés público que suele estar presente en un caso de difamación. Para alegar esta defensa, debe probarse que la declaración difamatoria era de interés público y que la persona acusada creía razonablemente que su publicación era de interés público.
En Hungría, donde el RGPD ha sido descrito como "la nueva arma contra los medios de comunicación independientes", la empresa de bebidas energéticas Hell Energy Magyarország Kft ha demandado al semanario liberal húngaro Magyar Narancs por publicar el nombre de su propietario en un artículo sobre la misma, habiendo demandado también anteriormente a Forbes para que su nombre fuera eliminado de la lista pública de las 100 personas más ricas en Hungría.
Al igual que en el caso de la ley de difamación, el consenso entre los medios de comunicación húngaros es que el problema no proviene de la legislación del RGPD, sino de su mala aplicación debido a un enfoque excesivo en la protección de datos en detrimento de la libertad de información. Hallar el equilibrio entre estos intereses contrapuestos es un reto que la UE tendrá que abordar antes de que se disparen aún más las demandas frívolas en virtud del RGPD.
Pleitos estratégicos: el litigante
Los litigantes más activos y feroces en los casos de SLAPP son las empresas y los empresarios, que representan el 31,9% de todos los casos. No muy lejos se sitúan políticos o personas de con cargos públicos, con un 23,3%, y en tercer lugar están las entidades estatales o el Estado, seguidos de la judicatura. Si se agrupan estas últimas categorías, en conjunto el gobierno y los actores políticos son los litigantes más habituales.
Es decir, que el mensaje del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), advirtiendo a los políticos de que deben mostrarse más abiertos a la crítica que la ciudadanía, debido a su papel en la vida pública, ha caído en saco roto.
La práctica de reprimir la libertad de expresión por parte del gobierno o de la clase política mediante pleitos vejatorios es una tendencia común en toda Europa. En Croacia, políticos de alto rango, miembros del gobierno y cargos públicos fueron identificados por la Asociación de Periodistas Croatas como responsables de algunas de las 924 causas activas contra periodistas y medios de comunicación en el país.
En 2021, en Hungría, la editorial Index Promocija d.o.o, fue objeto de la friolera de 56 pleitos por difamación, nueve de los cuales se dirigían directamente a sus periodistas. La mayoría de los litigantes eran cargos públicos, como políticos, funcionarios y ex ministros.
Como hemos mencionado anteriormente, el periódico GW en Polonia se enfrenta a 75 denuncias, muchas de las cuales fueron interpuestas por agencias gubernamentales, organismos estatales o cargos del PiS (Partido de la Ley y la Justicia de Polonia). El empeño sistemático y organizado del PiS por silenciar las noticias desfavorables está socavando la función de supervisión de los medios de comunicación independientes, así como de las ONG, un pilar fundamental de la democracia. Aunque la mayoría de los casoas acaban siendo desestimados, el efecto amedrentador que producen ha tenido un fuerte impacto sobre los medios de comunicación y ha provocado un declive de la libertad de prensa en Polonia desde 2015.
Otra práctica que produce un efecto amedrentador son las importantes indemnizaciones que pueden concederse en caso de veredicto de culpabilidad. En Irlanda, donde los jurados dictan sentencia y conceden indemnizaciones por daños y perjuicios en los casos de difamación, la imposición de 1,872 millones de euros en concepto de daños y perjuicios (que posteriormente el Tribunal Supremo redujo a 1,25 millones de euros) ha asustado al sector de los medios de comunicación. Si se les declara culpables de hablar de forma inapropiada, los comentaristas públicos se enfrentan a la ruina económica, por ello, los medios de comunicación acaban resolviendo de forma extrajudicial las demandas por difamación -en lugar de luchar contra las mismas- para evitar el riesgo de tener que pagar una importante suma por daños y perjuicios.
Pleitos estratégicos: el objetivo
Los objetivos más comunes de los pleitos estratégicos son los individuos y las organizaciones que denuncian abiertamente cuestiones de interés público que algunos grupos de poder quieren mantener fuera de la luz pública. Por ello, no resulta nada sorprendente quienes encabezan la lista de objetivos de los SLAPP son los periodistas (34,2%) y los medios de comunicación (23%), aunque las organizaciones de la sociedad civil, activistas y académicos también ven obstaculizado su trabajo por denuncias infundadas, al igual que los sindicatos y quienes denuncian casos de corrupción y malas prácticas. Resulta especialmente preocupante la nefasta tendencia a atacar a personas a nivel individual -lo que supone más de la mitad de los casos (54,7%) analizados por el informe CASE- en lugar de a organizaciones o instituciones que podrían absorber más fácilmente los exorbitantes costes.
La amenaza de la ruina económica personal y de la pérdida de reputación profesional, así como la carga psicológica que conlleva, supone un factor de disuasión mucho mayor, evidenciando la crueldad de los demandantes por difamación y el desequilibrio de poder entre ellos y el objetivo. CASE constató que en el 89,5% de los casos los demandantes tenían mayor riqueza o poder que las personas objeto de la demanda, lo que confirma que el desequilibrio de poder es una característica definitoria de estas denuncias frívolas. El empresario millonario Arron Banks, fundador de LEAVE.eu y partidario del Brexit, decidió deliberadamente denunciar a la periodista Carole Cadwallar a título individual, en lugar de hacerlo al Guardian Media Group, que cuenta con más recursos.
El asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia es un trágico ejemplo de hasta dónde están dispuestas a llegar estos grupos de poder para amordazar a sus críticos. El hecho de que tuviera cuarenta y siete (y más) casos de difamación abiertos contra ella, es una muestra del ataque orquestado y punitivo contra los periodistas que denuncian la corrupción. La instrumentalización de las leyes de difamación es muy clara en el caso emprendido contra Galizia por el ex ministro maltés Chris Cardona, que fue muy duro en sus intentos de detenerla, llegando incluso a lograr una orden de bloqueo de sus bienes, pero a la vez muy poco sincero en sus alegaciones de difamación, como demuestra el hecho de que no se presentara a sus propias audiencias judiciales.
Los periodistas independientes que no están oficialmente contratados por un determinado medio de comunicación también son especialmente vulnerables. La periodista independiente italiana Sara Farolfi afirmó sentirse "asustada" y "sola" cuando ella y su colega periodista chipriota Stelios Orphanides fueron denunciados por 2 millones de euros por los abogados que se mencionaban en un artículo de investigación.
El asunto: las cuestiones que los litigantes intentan encubrir
Una de las características que definen un pleito SLAPP es que el denunciante trata de silenciar a una persona que está publicando información sobre asuntos de interés social que desea mantener en secreto. Los cuestiones más comunes en torno a las cuáles se interponen demandas frívolas por difamación son el gobierno, la corrupción, las empresas, el medio ambiente, la política y la seguridad, y los medios de comunicación.
Incluso si la presunta declaración en sí no es difamatoria y el caso está condenado a fracasar, lo que supone un golpe fatal para los denunicados es el coste del proceso legal o la amenaza de una indemnización exorbitante. Además, cuando las acusaciones vejatorias se convierten en habituales, la amenaza de un litigio crea un clima de miedo y puede llevar a que la crítica acabe autocensurarse.
En Croacia, Amigos de la Tierra colocó una valla publicitaria para denunciar la construcción de un campo de golf de lujo. Elitech, la empresa que pretendía construirlo, respondió denunciando a Amigos de la Tierra por difamación civil y a su presidente y vicepresidentes por difamación penal. El objetivo era intimidar a la ciudadanía de Dubrovnik, que había lanzado una campaña más amplia de protesta contra el campo de golf. Esto ilustra el efecto dominó de estos pleitos por difamación infundados, un impacto que conocen bien los litigantes.
Los resultados de las demandas frívolas por difamación
En la mayoría de los casos de SLAPP en los diez países europeos identificados por CASE con mayor número de casos entre 2010 y 2021, el caso no concluye con un veredicto de culpabilidad. La mayoría de las veces, gana la persona demandada, se resuelven o se retira la denuncia. Sin embargo, esto no reduce su efecto, ya que sigue permitiendo que el litigante logre su objetivo de agotar los recursos económicos de la persona denunciada y de infligir un golpe psicológico que disuadiría incluso a los defensores de derechos más resistentes. Esto produce un efecto amedrentador cuyo impacto se percibe ampliamente, y se traduce en una cautela a la hora de informar sobre asuntos de interés público.
La labor de los medios de comunicación y de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para una democracia sana, y garantiza que los políticos, los cargos públicos y los empresarios poderosos rindan cuentas si actúan al margen de la ley. La UE ha publicado un proyecto de directiva para combatir los SLAPPs transfronterizas en Europa. Es necesario que los Estados miembros de la UE se comprometan de verdad con una ley anti-SLAPP ambiciosa y pongan fin a las demandas frívolas de una vez por todas.
