El Tribunal Constitucional de Rumanía decidió el martes 16 de septiembre que la ley que requiere la identificación de compradores de tarjetas telefónicas prepgadas es inconstitucional. El Tribunal confirmó, por mayoría de votos, la objeción de inconstitucionalidad planteada por el Defensor del Pueblo y dictaminó que la ley aprobada por el Parlamento en julio del 2014 es completamente inconstitucional. Este es el cuarto intento de la legislatura rumana de imponer una ley que podría controlar y supervisar las comunicaciones electrónicas. Todas han sido declaradas inconstitucionales.