A pesar de los llamamientos al veto del Bulgarian Helsinki Committee (BHC) y otras organizaciones de derechos humanos, el presidente búlgaro, Rosen Plevneliev dio rango legal a la nueva Ley sobre el Servicio Nacional de Protección. Según la directora jurídica del BHC, Margarita Ilieva, la polémica ley "regula la necesidad absoluta de usar la fuerza y las armas, pero de una manera insuficiente y contradictoria". Esto puede llevar a violaciónes de la Convención Europea de derechos humanos y a procesos judiciales contra Bulgaria en Estrasburgo.