En el informe, RIS recoge las lagunas que España tiene en lo referente a la protección de los derechos civiles y políticos.
Son asuntos de vital importancia que, paradójicamente, siempre se ven pospuestos o relegados y que, ahora que nos encontramos en la antesala de unas nuevas elecciones generales, el próximo Gobierno debería colocar entre sus prioridades y resolver. Por el momento, ninguno de los candidatos ha hecho alusión alguna a estas materias ni en su campaña ni en el debate electoral.
Son muchas y de muy distinta índole las lagunas que RIS ha puesto en el foco en su documento, estos son algunos ejemplos:
Como cuestión general se resalta que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de los dictámenes emitidos por los Comités de la ONU. Asimismo, la necesidad de aprobar el Segundo Plan de Derechos Humanos.
NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD
Deberían introducirse formularios de identificación en todos los cuerpos policiales como herramienta eficaz para acabar con el uso de perfiles raciales y étnicos por la policía. Asimismo, debería asegurarse el correcto funcionamiento del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, adoptando medidas para garantizar su independencia, dotándolo de recursos suficientes y de competencias para investigar, sancionar y llevar ante los tribunales casos concretos de discriminación étnica
PREVENCIÓN DE LA TORTURA
Sigue siendo una materia pendiente que se garantice la justa reparación de las víctimas de tortura y otros malos tratos, incluyendo, entre otras medidas, el cese del otorgamiento de indultos por parte del Gobierno a los agentes condenados por torturas y otros malos tratos, la realización de investigaciones efectivas y prontas, el enjuiciamiento y castigo, garantizando la correcta identificación de los policías. Asimismo, debería suprimirse el régimen de incomunicación y tomar medidas con miras a abolir las políticas de internamiento preventivo de migrantes en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
MEMORIA HISTÓRICA
Debe considerarse la no aplicación de la Ley de Amnistía y garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales, para no obstaculizar las investigaciones judiciales. Asimismo, es necesario que el Estado asuma la exhumación de las fosas y la debida reparación de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos en el pasado.
ACCESO A LA JUSTICIA
Es fundamental dotar de recursos al sistema judicial, adoptar medidas para reforzar la independencia del Poder Judicial y alcanzar una efectiva reorganización y modernización del sistema de justicia. El Estado también debería recuperar el principio de Justicia Universal por los más graves crímenes internacionales al Derecho español.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE REUNIÓN
Deberían reformarse la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal con miras a proteger y garantizar debidamente el ejercicio de las libertades de reunión y expresión.
TERRORISMO Y DERECHOS HUMANOS
El Estado español no ha tomado medida alguna para avanzar en la adecuación de la normativa en materia de delitos de terrorismo a los estándares de derechos humanos.
ESPACIO DE LA SOCIEDAD CIVIL
El Estado español tiene la obligación de proteger a los defensores de derechos humanos, así como no obstaculizar la labor que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil.
Estas son solo algunas de las aportaciones de Rights International Spain a la lista de cuestiones previas a la presentación del VII Informe Periódico al Comité de Derechos Humanos, algunas de las muchas lagunas en las que España se ahoga a la hora de proteger los derechos y las libertades civiles que tiene la obligación de salvaguardar. Te invitamos a leer el informe completo aquí.
