El Consejo de Estado ha decidido que Lodewijk Asscher, ministro de Asuntos Sociales, obró correctamente multando, hasta enero de 2014, a empresas que emplearan a búlgaros sin permiso de trabajo. Esta decisión anula la sentencia de un tribunal de Breda, que sostuvo que éste no era necesario para europeos del Este, como tampoco para japoneses. Esta decisión deja claro que, aunque los búlgaros no deben ser tratados menos favorablemente que personas de fuera de la UE, las normas actuales cuentan. Un recurso de amparo, de denuncia ante la Comisión Europea, está bajo consideración.