Liberty ha aplaudido la petición del Crítico Independiente de la Legislación sobre el Terrorismo de que se lleve a cabo una revisión global de las leyes que regulan la vigilancia estatal en el Reino Unido.

En un informe de 300 páginas, David Anderson, Consejero de la Reina, condena el status quo existente de acuerdo con la Ley de regulación de los poderes de investigación (RIPA) del año 2000, tachándolo de "no democrático, innecesario y (a la larga) intolerable", y aconseja que se reemplace por una nueva ley integral que pueda ser comprendida adecuadamente por la gente y los parlamentarios.

La recomendación entra en flagrante contradicción con las repetidas afirmaciones del gobierno desde 2013, de que el actual marco legislativo proporciona garantías eficaces para proteger adecuadamente la privacidad del pueblo británico.

Necesidad de reformas

Liberty lleva mucho tiempo solicitando la reforma de la RIPA para garantizar que las intromisiones en la privacidad personal estén autorizadas adecuadamente y cumplan los principios de derechos humanos de necesidad y proporcionalidad.

David Anderson señala que la nueva ley debe:

• Cumplir las normas internacionales de derechos humanos y estar sujeta a garantías visibles y exigentes, que reflejen la importancia capital del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Ley de derechos humanos.
• Exigir la autorización judicial previa para todas las órdenes de interceptación y algunas solicitudes de datos de comunicaciones, algo por lo que Liberty lleva más de una década haciendo campaña. La autorización será concedida por comisarios judiciales destinados en la nueva Comisión Independiente de Vigilancia y Espionaje (ISIC). Amderson recomienda que la ISIC tenga competencias adicionales para notificar a las personas sujetas a vigilancia su derecho de presentar una solicitud ante el Tribunal de los Poderes de Investigación (IPT), que supervisa los servicios de seguridad británicos.

Recomendaciones

El informe contiene 124 recomendaciones, muchas de ellas en sintonía con las aportaciones que hizo Liberty por escrito a Anderson y otras peticiones de cambio con mucho recorrido. Recomienda que:

- El IPT debe tener la competencia de hacer declaraciones de incompatibilidad de acuerdo con la Ley de derechos humanos, y sus fallos deben estar sujetos a recurso sobre aspectos legales.

- La Explotación de Redes Informáticas (CNE o piratería informática) debe ser regulada por ley.

- Aunque la forma de operar de los poderes encubiertos debe mantenerse en secreto, las capacidades de espionaje intrusivo deben hacerse públicas.

Anderson también señala que todavía no se ha hecho ningún caso operativo para la Snoopers’ Charter (proyecto de ley sobre los datos de las comunicaciones) y cuestiona la legalidad, el intrusismo y el coste de las propuestas: un duro golpe para los planes inminentes del ministro del Interior de presentar a toda prisa un Proyecto de Ley de los Poderes de Investigación. Señala que ningún otro país de la UE o la Commonwealth exige la retención exhaustiva de blogs y que Australia la ha prohibido por ley recientemente.

El informe también confirma que las agencias no pretenden conseguir una baza ganadora permanente al colocar la codificación bajo el control del Estado: aparentemente una contradicción directa de los comentarios del primer ministro en enero.

Recopilación masiva

Ha decepcionado un poco que Anderson proponga que la "recopilación masiva" de las comunicaciones externas (las enviadas desde y hacia el Reino Unido) deba continuar, aunque sujeta a "garantías adicionales", y recomiende mantener la ya existente y obligatoria capacidad de retención de datos de comunicaciones de acuerdo con la Ley de retención de datos y del poder investigador (DRIPA) de 2014.

El informe presenta seis ejemplos de actuación de las agencias para intentar justificar la interceptación masiva. Sin embargo, con la información imprecisa y limitada que proporciona es imposible evaluar si los resultados de seguridad podrían haber sido obtenidos utilizando la abundancia de capacidades de vigilancia intrusiva directa y operacional que las agencias tienen a su disposición.

Aunque Liberty no discute per se la utilización y el valor de las capacidades de vigilancia intrusiva, creemos que la interceptación de comunicaciones y la retención de datos masivas y especulativas son ilegales, innecesarias y desproporcionadas. Liberty está actualmente litigando contra la legalidad de la interceptación masiva en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y representa a los diputados Tom Watson y David Davis en su recurso legal contra la DRIPA.

Shami Chakrabarti, director de Liberty, declaró:

"Este informe muy meditado representa un agudo contraste con el encubrimiento defensivo del desacreditado Comité de Espionaje y Seguridad del pasado Parlamento. Liberty lleva muchos años haciendo campaña a favor de las órdenes judiciales y en contra de la Snoopers' Charter. Aunque no estemos de acuerdo con todas sus conclusiones, la intervención del señor Anderson podría representar el comienzo de una recuperación de la confianza de la gente en la vigilancia llevada a cabo con respeto por la privacidad, la democracia y la ley. Es una reivindicación más del valor de Edward Snowden."