Los gobiernos han adoptado medidas para proteger la salud pública que cambian radicalmente la forma en que vivimos. En determinadas situaciones, puede ser necesario restringir temporalmente ciertas libertades para salvar vidas y proteger a los grupos de riesgo, pero muchos gobiernos han adoptado medidas problemáticas en nombre de la protección de la salud pública, y, en algunos casos, se extralimitan.

En otros casos, los gobiernos se han aprovechado deliberadamente de la COVID-19 para socavar las libertades individuales y la democracia de forma que realmente ponen en peligro la salud pública. Por ejemplo, imponiendo restricciones innecesarias y desproporcionadas al derecho a la protesta, a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la libertad de reunión.

Estos derechos son básicos, ya que proporcionan a los ciudadanos las herramientas que necesitan para garantizar que sus gobiernos actúen a favor del bien común a la hora de gestionar la pandemia.

Aunque no pretende ser exhaustivo, este informe documenta algunos de los casos más llamativos en los países de la UE. Expone cómo las respuestas de los gobiernos a la pandemia han dado lugar a restricciones innecesarias y desproporcionadas del espacio cívico y de las libertades, obstaculizando indebidamente el activismo y la participación democrática.

Tendencias preocupantes en toda la UE

Aunque algunos países destacan especialmente, son varios los Estados de la UE que muestran tendencias preocupantes. El estudio revela que más de la mitad no garantizaron el derecho a la reunión pacífica. En lugar de adoptar medidas que permitieran la protesta y protegieran al mismo tiempo la salud pública, los gobiernos utilizaron indebidamente las normas de distanciamiento físico para aprobar prohibiciones generales o casi absolutas de las manifestaciones pacíficas, como ocurrió, por ejemplo, en Alemania, Bélgica, Eslovenia, Francia, Italia y Rumanía.

Quienes, no obstante, reclamaron ese derecho, fueron objeto de una vigilancia invasiva (como en Eslovenia) y de fuertes sanciones (en Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, Grecia e Italia). La policía interrumpió de forma violenta varias protestas pacíficas, por ejemplo, en Francia y Suecia. En varios países se han mantenido estrictas restricciones a la reunión, incluso cuando se empezaron a reducir las medidas de distanciamiento social y se volvieron a abrir los centros comerciales, tiendas y restaurantes. Es el caso, por ejemplo, de Rumanía, donde la prohibición de la reunión sigue vigente.

Legislación acelerada y cambios en los procedimientos parlamentarios

En muchos Estados, la acelerada elaboración de leyes y los cambios en los procedimientos parlamentarios han limitado gravemente la posibilidad de que ciudadanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil puedan expresar su opinión sobre la actuación del gobierno. Ejemplos de esta tendencia se han dado en Alemania, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia y España.

Algunos gobiernos también aprovecharon la situación de emergencia para debilitar aún más las normas de protección del medio ambiente y de los derechos civiles, en concreto en Hungría, Polonia y Eslovenia. Al mismo tiempo, las restricciones del derecho de acceso a la información pública dificultaron la evaluación de la actuación de las autoridades y de cómo han empleado sus poderes ejecutivos reforzados, como sucedió, por ejemplo, en Austria, Eslovenia, Hungría, Italia, Países Bajos y República Checa.

Periodistas sufren acoso y campañas de desprestigio

En algunos Estados, esta represión de la participación democrática se vio exacerbada por una auténtica represión de la libertad de expresión. En varios países, los gobiernos utilizaron el pretexto de la necesidad de evitar la difusión de información errónea para censurar la libertad de expresión. Hungría y Rumanía fueron los ejemplos más llamativos, que Bulgaria trató de replicar.

También se ha dado el caso de que las autoridades se negaran a colaborar con periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil, a veces incluso desacreditándoles y acosándoles cuando cuestionaban o criticaban sus actuaciones. Se notificaron casos preocupantes de difamación y amenazas en especial en Eslovenia.

En varios países, estas restricciones relacionadas con la pandemia son simplemente las últimas de una serie de medidas que se vienen poniendo en práctica en los últimos años y que ya han revelado un peligroso retroceso de las libertades civiles y la participación democrática en toda la UE.

Algunos gobiernos nacionales instrumentaron la COVID-19 para acelerar sus propios esfuerzos por inhibir el activismo, limitar la participación de los ciudadanos en su democracia y obstaculizar la labor de las entidades de control, como las organizaciones de la sociedad civil.

La UE debería utilizar los instrumentos disponibles para restaurar y promover el espacio cívico y las libertades

Lamentablemente, las alertas tempranas de los órganos internacionales de supervisión de Naciones Unidas y del Consejo de Europa y de otros organismos de control resultaron justificadas también en el contexto de la UE. El hecho de que nuestros gobiernos no hayan salvaguardado las libertades cíviles en la medida de lo posible es motivo de preocupación, y especialmente durante una pandemia, cuando la sociedad necesita instrumentos de participación cívil para asegurarse de que sus representantes hacen todo lo posible por proteger su salud.

Los ciudadanos esperan que la UE ayude a sus gobiernos a superar la pandemia con la mayor seguridad posible. Muchos líderes de la UE han reconocido que la Unión debe aplicarse más para evitar que los gobiernos populistas autoritarios aprovechen el malestar social para avivar el euroescepticismo. Pero resulta igualmente importante que la UE salvaguarde las libertades cíviles en todos sus Estados miembros, y que actúe con firmeza contra los gobiernos que aprovechan la crisis para silenciar a sus críticos y socavar los controles y equilibrios democráticos.

Greenpeace y Civil Liberties Union For Europe proponemos en nuestro informe que las instituciones de la UE utilicen los intrumentos de los que disponen para restaurar y promover el espacio cívico y las libertades, y así garantizar que los gobiernos respondan y trabajen para los ciudadanos, tanto durante como después de la pandemia.

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