España se sometió en enero de 2020 al tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El EPU es un examen que evalúa, cada cinco años, los progresos en materia de garantías fundamentales de los Estados miembros, y tiene como resultado una serie de recomendaciones que recibe el Estado examinado. El resultado del examen de España recoge 275recomendacionespropuestas por 110 Estados.

En julio de 2020, durante la 44ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el embajador representante permanente de España ante las Naciones Unidas, Cristóbal González-Aller Jurado, informó sobre las recomendaciones que el gobierno acepta y las medidas que tomará para aplicarlas, siendo 252 las recomendaciones aceptadas totalmente, 13 las que pondrá en práctica de manera parcial y 10 las rechazadas.

Amplia pero insuficiente respuesta al racismo estructural e institucional

De las 252 recomendaciones aceptadas por España, al menos un 30% van dirigidas a la implementación de medidas que garanticen la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de grupos minoritarios, entre ellos, personas migrantes, gitanas, refugiadas y afrodescendientes, haciendo especial hincapié en el fin de los controles de identidad basados en perfiles étnicos y raciales.

Muchas de las medidas aceptadas ya se venían implementando y el Estado no considera por tanto necesario rediseñarlas. Sin embargo, numerosas organizaciones han denunciado, en los últimos años, que sigue habiendo paradas policiales por perfil racial, hostigamiento, ataques racistas y discurso de odio, en todo el territorio nacional.

Así, el informe Crisis sanitaria COVID-19: racismo y xenofobia durante el estado de alarma, elaborado por el Equipo del Decenio Afrodescendiente en España y Rights International Spain (RIS), recoge más de 70 incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias ocurridas entre el 15 de marzo y el 2 de mayo de 2020, y evidencia cómo la crisis sanitaria ha supuesto un retroceso en la lucha contra la discriminación racial, incluso con los protocolos de actuación y medidas antirracistas ya existentes.

En este sentido, Para que el Proyecto de Ley para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que el gobierno remitirá a las cortes próximamente tenga un carácter integral, debería incluir, además del enfoque preventivo y el régimen de infracciones y sanciones, un criterio común sobre la definición de delitos e incidentes relacionados con la raza y unas reformas estructurales que puedan corregir eficazmente las carencias que presenta el sistema español en la lucha contra la discriminación racial. Debería incorporar, entre otras, la recogida de datos estadísticos sobre la composición étnico-racial de la población que permitan calibrar el alcance del racismo, o la revisión de los libros de texto y materiales educativos para asegurarse de que reflejen los hechos históricos relativos a la esclavitud, la trata de esclavos africanos y el colonialismo.

Por otra parte, a pesar del alto número de recomendaciones aceptadas, la respuesta de España al EPU mantiene, para los próximos 5 años, derechos desiguales para diferentes grupos raciales, ya que deja fuera cuestiones tan importantes como la revisión de la Ley de Extranjería con miras a que sea más respetuosa de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

El gobierno mantiene a los trabajadores migrantes desprotegidos

Entre las recomendaciones desestimadas, destaca, en una época de crisis sanitaria global, el rechazo de España a ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, que protege los derechos de trabajadores/as migrantes con independencia de su situación administrativa regular o irregular.

Las graves vulneraciones de derechos que sufren las personas migrantes temporeras fueron denunciadas por el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas en agosto 2018 y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, en su visita a España en febrero de 2020.

Aún así, el gobierno español ha desestimado ratificar el tratado internacional de más amplio alcance en materia de migraciones y derechos humanos, en un momento en el que las personas temporeras están sufriendo numerosas agresiones violentas debido a los rumores de que ellas son las causantes de los brotes de COVID-19.

El Estado rechaza las alternativas a la detención migratoria

España también rechaza la posibilidad de eliminar todas las formas de detención de personas migrantes y/o solicitantes de asilo. Varios organismos internacionales han declarado que la privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito es inhumana y va en contra de los derechos humanos. Asimismo, distintos estudios e iniciativas en otros países europeos demuestran que existen alternativas exitosas a la detención migratoria.

A pesar de ello, el gobierno español seguirá deteniendo a personas migrantes en situación administrativa irregular haciendo caso omiso tanto a las recomendaciones de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos como a las demandas de la sociedad civil. Se perpetúa así una política migratoria que se asienta en las bases del racismo estructural.

*Isabelle Mamadou es experta en derechos humanos de poblaciones afrodescendientes.

*Esther Mamadou es experta en derechos humanos y migración forzada.