Una amplia coalición de organizaciones de compañías han instado una petición de medidas cautelares contra el gobierno neerlandés. La fundación Privacy First, el Comité Neerlandés de juristas por los Derechos Humanos (NJCM), el proveedor de Internet BIT, la Asociación Neerlandesa de Periodistas y la Asociación Neerlandesa de Abogados Defensores, entre otras, exigen la abolición de la Ley de retención de datos de telecomunicaciones holandesa. El Consejo de Estado de los Países Bajos y la Corte Europea de Justicia ya han dictaminado que la ley incurre en violaciones de derechos fundamentales que protegen la vida privada, las comunicaciones y los datos personales. Sin embargo, el gobierno neerlandés se niega a anular la Ley de Retención de datos de telecomunicaciones.

El gobierno de los Países Bajos se niega a derogar la ley

El 8 de abril de 2014, la Corte Europea de Justicia declaró inválida la Directiva de retención de datos (2006/24/EC) con efectos retroactivos. Según el tribunal, la retención de datos de comunicaciones de toda persona sin alguna sospecha concreta incurre en una vilación del derecho fundamental a la privacidad. Los criterios objetivos deberían aplicarse para determinar la necesidad de recogida y retención de datos y debería haber un control previo por parte de un órgano independiente o un juez. La recogida aleatoria y sin restricciones de metadtos (datos de tráfico) en el contexto de la “vigilancia masiva” no está permitida, a juicio del tribunal.

En los Países Bajos, las normas en este campo están consagradas en la Ley de retención de datos de telecomunicaciones neerlandesa, que en gran medida reproduce la Directiva europea de retención de datos. La ley estipula que las compañías de telecomunicaciones y los proveedores de Internet tienen que retener diferentes datos relativos al uso de Internet y del teléfono durante al menos seis y con un máximo de doce meses al objeto de que las autoridades judiciales puedan utilizar esos datos para la investigación de delitos. Recientemente, el Consejo de Estado neerlandés juzgó que la Ley infringe derechos fundamentales que protegen la vida, las comunicaciones y los datos personales. Sin embargo, el gobierno no acata el criterio del Consejo de Estado y se niega a revocar la Ley. El gobierno seguirá ateniéndose a la ley en vigor.

Violación masiva de los derechos a la privacidad de los ciudadanos

El NJCM se ha sumado a la coalición porque el derecho a la privacidad es un derecho fundamental que ha estado sometido a una enorme presión por los acontecimientos en los últimos años y porque una vez que se restringen los derechos y libertades cuesta mucho restaurarlos. Al gobierno le corresponde la salvaguarda de esos derechos y debería tomarse muy seriamente el criterio expresado por el Consejo de Estado y por las instituciones europeas de derechos humanos como la Corte Europea de Justicia. Este tribunal ha afirmado sin ambages que hay problemas fundamentales en la ley europea, que forma la base de la ley de los Países Bajos. El gobierno ya tendría que haber suspendido la ley, o al menos su aplicación.

Vincent Böhre, de Privacy First: “La vigilancia masiva constituye una violación masiva de los derechos a la privacidad de los ciudadanos. Es inaceptable que el gobierno neerlandés se aferre a esa práctica después de que la más alta judicatura europea se pronunciara claramente ya en abril de 2014 en el sentido de que esta violación de la privacidad no estaba permitida”.

Thomas Bruning, secretario de la Dutch Association of Journalists [Asociación de periodistas de los Países Bajos] : “Las compañías de telecomunicaciones y los proveedores de Internet ahora están obligados a retener una enorme cantidad de datos de comunicaciones de todos los ciudadanos. Esto incluye a los periodistas. Las compañías tiene que entregar esos datos a petición del gobierno. No hay garantía alguna para el derecho periodístico a no revelar fuentes”.

Alex Bik, del proveedor de Internet BIT: ”Cuando el gobierno neerlandés introdujo la ley, se apoyó en el argumento de que la introducción era una imposición de Europa, pero desde que la Ley europea de retención de datos ha sido revocada con efectos retroactivos, ese argumento deja inmediatamente de ser válido. No es justo” .

La solicitud de medidas cautelares contra el gobierno holandés en lo relativo a la retención de datos de telecomunicaciones tendrá lugar ante el juzgado de distrito de La Haya en una audiencia pública que se celebrará a las 11:00 CET del miércoles 18 de febrero de 2015.