Después de un año de trabajo para resolver los elementos polémicos de la Ley de la Iglesia húngara, el Ministerio de Justicia ha hecho públicas sus modificaciones.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó en su sentencia del año pasado que la Ley de la Iglesia era ilegal y que el Estado húngaro debe pagar miles de millones de florines en concepto de indemnización a los demandantes.

Bajo las nuevas modificaciones, la Ley de la Iglesia:

• Continuaría sin garantizar la igualdad de derechos para todas las personas en lo que atañe a la libertad de conciencia y de religión, la neutralidad del Estado y la división entre Iglesia y Estado. La modificación podría conducir al desarrollo de tres tipos de estatutos como iglesia, definidos por diferentes poderes, mientras que la cuestión de con qué iglesias cooperaría el Estado en la gestión de tareas de servicio público -es decir, qué iglesias recibirían apoyo público y en qué medida- que seguirá dependiendo de la decisión política del gobierno.
• No pondría remedio a los daños sufridos por las iglesias privadas de su estatuto legal reconocido por el Estado húngaro por motivo de la Ley de la Iglesia en vigor. Mientras que las iglesias reconocidas actualmente se clasificarían automáticamente como las de mayor rango y gozarían de la mayoría de los privilegios, las iglesias privadas de sus derechos sólo podrán obtener el estatuto que coincida con el grado de aceptación e inclusión.
• Sería aún menos compatible con la tradición constitucional húngara. Desdeñando el sistema establecido en 1990, que respeta la igualdad de la libertad de conciencia, la división estricta entre Iglesia y Estado y la neutralidad del Estado, la nueva Ley de la Iglesia reinstauraría la regulación de las iglesias introducida en el siglo XIX que se mantuvo durante todo el régimen socialista de Estado.
• Seguiría sin cumplir los requisitos de derechos humanos húngaros y europeos, y no eximiría al Estado húngaro de su responsabilidad. Aunque el gobierno húngaro se vio oficialmente obligado a modificar la Ley de la Iglesia, como consecuencia de la sentencia dictada el año pasado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena la actual Ley de la Iglesia, el presente proyecto de ley no contribuirá a evitar que se insten más procedimientos judiciales y se susciten más reproches.

Por tales motivos, la Hungarian Civil Liberties Union pide al gobierno que no acepte el presente borrador de propuesta y no lo envíe al Parlamento, y que por el contrario respete la libertad de conciencia y de religión, la igualdad de derechos, la división entre Estado e Iglesia y la neutralidad del Estado.

El borrador de propuesta que finalmente se presente en el Parlamento debe garantizar incondicionalmente los derechos fundamentales definidos en las decisiones de la Corte Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La ULCH no es el único actor con estas preocupaciones, algo que se pone claramente de manifiesto habida cuenta de la opinión expresada por Foro por la Libertad Religiosa Europa (FOREF) sobre el asunto.