El Consejo de Derechos Humanos de la ONU acaba de aprobar el Informe resultante del Examen Periódico Universal que tuvo lugar en enero de este año, y durante el cual otros Estados hicieron recomendaciones concretas a España para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Así, los Estados han recomendado a España cuestiones tales como la lucha contra la discriminación étnica y contra la tortura, el respeto a las libertades de expresión, reunión e información o una correcta investigación y reparación de las graves violaciones de derechos humanos cometidos en el pasado, entre otras cuestiones.

En su respuesta al Informe, el Estado español ha aceptado total o parcialmente muchas de las recomendaciones de los Estados, reconociendo de este modo varias de las lagunas existentes en España en el respeto de los derechos humanos, y comprometiéndose a la adopción de medidas muy específicas. También se han rechazado otras recomendaciones importantísimas; sin que se haya justificado debidamente el motivo de proceder así en la escueta intervención de la representante de la delegación española ante el Consejo de Derechos Humanos.

'Hito'

En concreto, el Estado español ha asumido, en primer lugar el compromiso de crear un mecanismo interministerial para dar cumplimiento a dictámenes y recomendaciones de organismos internacionales; la representante de la Delegación española ha calificado la creación de este mecanismo de “hito” en la defensa de los derechos humanos y ha anunciado que se pondrá en marcha en los próximos meses. También se ha comprometido a poner en marcha una segunda edición del Plan de Derechos Humanos (cuya aprobación, todo sea dicho, lleva pendiente desde el inicio de la legislatura), y a tomar medidas para combatir la discriminación racial, étnica y religiosa, incluyendo expresamente el uso de perfiles étnicos por parte de la policía. Ahora bien, España se ha negado a aceptar la recomendación consistente en la aprobación de una Ley de Igualdad que incorpore los estándares internacionales de lucha contra la discriminación en todas sus formas. En palabras de la representante de la delegación, “la legislación existente en España es suficiente”; desoyendo de este modo los muchos reproches que ha recibido nuestro país en este ámbito, pues seguimos careciendo de un organismo independiente con funciones para investigar, y en su caso litigar, casos de discriminación, así como suficientes garantías procesales para las víctimas de discriminación.

¿Se mantiene la detención incomunicada?

El Estado español ha aceptado varias recomendaciones consistentes, genéricamente, en prevenir e investigar los actos de tortura y otros malos tratos; pero, si bien ha aceptado “revisar” la detención incomunicada, para asegurar que toda persona detenida tenga acceso a un abogado de su elección, no ha aceptado proceder a derogar este régimen, tal y como habían solicitado varios Estados, en consonancia con lo también recomendado por los organismos internacionales en la materia. También se ha comprometido a garantizar una correcta investigación de las desapariciones forzadas, aunque sin precisar las medidas que se van a adoptar para avanzar en esta dirección.

España ha asegurado además que se abstendría de restringir las libertades de expresión, reunión e información y que prevendría los malos tratos en manifestaciones, pero no ha aceptado revisar las reformas a la Ley de Seguridad Ciudadana y al Código Penal que entrarán en vigor el próximo 1 de julio y que han sido calificadas unánimemente por la comunidad internacional como una amenaza al ejercicio del derecho a la protesta pacífica. España también ha asegurado que garantizaría los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, pero se ha negado a derogar la disposición que “legaliza” las devoluciones sumarias desde Ceuta y Melilla.

Críticas de ONGs

A lo largo de la sesión, varios representantes de organizaciones de la sociedad civil han tenido la oportunidad de intervenir, sin que la delegación española haya abordado con posterioridad muchas de las críticas vertidas por las ONG. Las organizaciones Rights International Spain e International Service for Human Rights han realizado una declaración conjunta en la que han mostrado su preocupación por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y las dos recientes reformas al Código Penal, dado que “criminalizan el mero ejercicio pacífico de las libertades de expresión, reunión e información” e “introducen numerosos términos indeterminados que, por su vaguedad e imprecisión, pueden dar lugar a una aplicación arbitraria de las sanciones”. Según estas organizaciones, “la única respuesta adecuada del Estado español […] es la suspensión de la entrada en vigor de estas reformas en tanto se revisen y se adecuen al Derecho internacional”. Asimismo han denunciado otras reformas del Gobierno que ponen en peligro el acceso a la Justicia, como la reforma a la Ley de Justicia Gratuita, que conllevará que “muchas menos personas puedan beneficiarse de un abogado de oficio”, la falta de recursos a la Justicia y, en general las “presiones políticas” a jueces y magistrados y los “ataques a la independencia judicial”. Finalmente, se ha denunciado en el Plenario que todas estas reformas se hayan tramitado “sin realizar amplias consultas con la sociedad civil y expertos independientes, lo que vulnera el principio de procesos normativos transparentes, democráticos y pluralistas”.