La Comisión Europea decidió celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa antes de tiempo, y a lo grande. La semana pasada presentó una propuesta histórica para frenar las demandas abusivas que pretenden silenciar la expresión crítica, impedir la rendición de cuentas y socavar los derechos fundamentales. Conocidos como SLAPPs (por sus siglas en inglés: pleitos estratégicos contra la participación pública), estos casos son cada vez más comunes en la UE, y los utilizan tanto políticos como empresarios para intimidar a periodistas, entidades de supervisión de DDHH, y otras personas que cubren asuntos de interés público.

Desde hace años, muchos activistas han dado la voz de alarma sobre estos casos y los efectos nocivos que tienen para la democracia, así como su propagación: los SLAPP van en aumento en casi todos los Estados de la UE, incluso en aquellos con una sólida tradición democrática. La propuesta de la Comisión es un paso prometedor para acabar con estas demandas abusivas y proteger adecuadamente a periodistas y a organismos de control. Pero aún queda mucho por hacer antes de que podamos considerarla un verdadero revulsivo.

Una base sólida sobre la que construir

La iniciativa de la Comisión tiene muchos aspectos positivos para en la UE para quienes llevan mucho tiempo abogando por una ley anti-SLAPP en la UE. El paquete incluye una propuesta de directiva de la UE con salvaguardias clave y medidas de protección que deberían figurar en cualquier estatuto anti-SLAPP riguroso. El ámbito de aplicación es amplio y muestra una firme comprensión de lo que son los SLAPP, quién está detrás, a quién se dirigen y por qué. Las normas proporcionarían herramientas procesales a cualquier organismo de control (ya sea periodista, ONG, activista o académico) para poder combatir las demandas que sean manifiestamente infundadas o que presenten un carácter abusivo, y que se interpongan con el único fin de inhibir o reprimir la participación pública. La Comisión ha elaborado una definición innovadora de casos transfronterizos adaptada a la naturaleza de los SLAPP, que tiene en cuenta que su impacto transnacional también se refleja en que los litigantes a menudo silencian a quienes investigan asuntos cuya relevancia va más allá de las fronteras nacionales.

Además del alcance de la propuesta, también es loable la forma de protección que ofrece. Incluye un mecanismo de desestimación temprana de casos SLAPP mediante un procedimiento acelerado, en el que la carga probatoria recae en el demandante. Las víctimas de SLAPP recibirían una garantía económica para los costes durante el proceso y una compensación por las costas judiciales y los daños, incluidos los físicos y psicológicos. Los promotores de SLAPP podrían enfrentarse a sanciones económicas por presentar estas demandas frívolas. Las ONG interesadas en combatir la amenaza a la participación pública que supone un SLAPP podrían intervenir en el caso para apoyar a la víctima. La propuesta incluye incluso disposiciones para proteger a los organismos de supervisión de DDHH de la UE que sean víctimas de un SLAPP fuera de la Unión, ofreciéndoles la posibilidad de pedir a sus tribunales nacionales que bloqueen el reconocimiento y la ejecución de las sentencias extranjeras y obliguen a los litigantes a indemnizarles por daños y perjuicios.

Por otra parte, el paquete de medidas de la Comisión tiene un enfoque holístico, la propuesta legislativa va acompañada de recomendaciones para proteger los sistemas legales y judiciales de abusos y evitar que se utilicen para silenciar a los organismos de control. Para ello, propone sensibilización y recopilación de datos, formación jurídica para los profesionales de la justicia y el derecho, revisión de los códigos éticos que regulan a los abogados, apoyo y asistencia jurídica gratuita para los afectados, y revisión de las leyes que restringen indebidamente la libertad de expresión. Todo ello es necesario para lograr un cambio de mentalidad contra los SLAPP y para educar incluso a los profesionales del mundo del derecho sobre estos casos.

Siguen existiendo deficiencias

A pesar de la aspiración de la Comisión y de la solidez general de su propuesta, todavía existen aspectos que mejorar. La propuesta de ley incluye una excepción a su amplio ámbito de aplicación para los casos relacionados con "asuntos administrativos", una distinción ambigua que podría proporcionar a los denunciantes de SLAPP margen de maniobra para eludir las normas. Por ejemplo, ¿cubriría esta excepción casos relacionados con el RGPD? También existen lagunas en la protección. Es importante destacar que la aplicación propuesta del mecanismo de desestimación anticipada únicamente para los casos que son "manifiestamente infundados" corre el riesgo de permitir que muchos casos SLAPP sigan adelante con el proceso.

La discrecionalidad que se deja a los tribunales a la hora de conceder determinados recursos también podría frustrar la protección de las víctimas de los SLAPP. Por ejemplo, la concesión de las costas no es automática, y la jurisdicción nacional puede exigir a las víctimas que inicien un nuevo procedimiento para obtener una indemnización por daños y perjuicios. Las disposiciones sobre sanciones también mejorarían con un lenguaje más claro, para garantizar que el carácter "disuasorio" de las sanciones tenga debidamente en cuenta el poder y la riqueza en que se basan los SLAPP. Estas cuestiones deben resolverse para que la UE pueda aprobar el conjunto de normas más estricto posible contra los juicios abusivos.

Todo está por decidir

Aunque la iniciativa de la Comisión ofrece muchos motivos para alegrarse, no es más que eso: una iniciativa. Ahora empieza el trabajo duro.

La ambición mostrada por la Comisión debe ser correspondida tanto durante las negociaciones de la directiva final como en su eventual aplicación por parte de los Estados miembros. El Parlamento Europeo y el Consejo deberán luchar contra cualquier intento de suavizar la propuesta durante las próximas negociaciones, que deberán centrarse en eliminar las lagunas existentes. Una vez que el texto haya sido aprobado por los legisladores de la UE, las autoridades nacionales habrán de aplicar las disposiciones de forma coherente con sus objetivos y alcance.

Hasta entonces, la Comisión debe instar a los gobiernos a que tomen medidas concretas para aplicar sus recomendaciones: apoyándoles con orientaciones, poniendo a su disposición la financiación de la UE, movilizando a las asociaciones europeas de jueces y abogados, y aprovechando la cooperación con otros actores internacionales, como los organismos de la ONU y del Consejo de Europa. Asimismo, debe establecerse un marco de seguimiento estructurado en el que participen actores de la sociedad civil para hacer un seguimiento periódico de los avances.

Hace ya demasiado tiempo que se intimida o se silencia a periodistas, a organismos de control y a otras personas que trabajan en favor del interés público mediante el uso de SLAPPs. La iniciativa de la Comisión encamina a la UE a cambiar esta situación. Tanto las instituciones de la UE como las autoridades nacionales deben apoyarse en la iniciativa y elaborar medidas concretas y ejecutables que otorguen a quienes trabajan por el bien común la protección que merecen.

Este artículo de opinión fue publicado inicialmente en Euractiv.