El Tribunal de Distrito de La Haya falló el 24 de junio que el Estado debe tomar medidas para reducir en los Países Bajos las emisiones de gases de efecto invernadero. El Estado tiene además que garantizar que en el año 2020 las emisiones serán por lo menos 25 por 100 inferiores a las de 1990. La Fundación Urgenda había solicitado una sentencia del tribunal.

La normativa actual queda por debajo del límite

Las partes están de acuerdo en que la gravedad y el alcance del problema climático obligan a tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Con la actual normativa del Estado, los Países Bajos conseguirían en 2020 una reducción del 17 por 100 como mucho, lo que queda por debajo de la norma del 25 al 40 por 100 para los países desarrollados que se considera necesaria según la ciencia climática y la normativa climática internacional.

El Estado debe proporcionar protección

El Estado debe esforzarse más en evitar el peligro inminente provocado por el cambio climático, de acuerdo con su deber de prestar atención a la protección y a la mejora del medioambiente. El Estado es responsable de controlar eficazmente los niveles nacionales de emisión. Además, el coste de las medidas ordenadas por el tribunal no es prohibitivo.

Por consiguiente, el Estado no se debería parapetar tras el argumento de que la solución al problema climático global no depende de los esfuerzos que hagan los Países Bajos. Toda reducción de emisiones contribuye a la prevención del peligroso cambio climático. Como país desarrollado, los Países Bajos deben ser líderes en esta cuestión.

Con esta orden, el tribunal no ha entrado en el campo de la política. El tribunal debe proporcionar protección legal, también en los casos contra el gobierno, y a la vez respetar la función del gobierno de tomar las decisiones que considere oportunas sobre estrategias específicas. Por estas razones, el tribunal debe mostrarse comedido y por ello ha limitado la orden de reducción al 25 por 100, el nivel mínimo de la norma del 25-40 por 100.

Urgenda

La demanda legal fue presentada por la Fundación Urgenda, una plataforma de ciudadanos que desarrolla planes y medidas para prevenir el cambio climático. En esta demanda la fundación también representa a 886 personas individuales.

Lea la sentencia aquí.